Los estudiantes de diferentes Grados y Másteres de la Universidad de Córdoba (UCO) podrán realizar prácticas en los servicios de apoyo a la Justicia que gestiona la Junta de Andalucía tras el acuerdo suscrito este viernes con la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

El consejero, José Antonio Nieto, ha señalado a los periodistas en Córdoba que el acuerdo permitirá que los estudiantes completen su formación académica en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) y el Punto de Información a la Mediación (PIMA).

En este curso académico serán un total de 37 estudiantes de Derecho, Psicología, Relaciones Laborales, Máster en Abogacía y Máster en Resolución de Conflictos, entre otras titulaciones, quienes podrán acceder a esta convocatoria.

El convenio, que tiene una duración de cuatro años, nace con vocación de continuidad a lo largo del tiempo, por lo que el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha subrayado la importancia de la formación práctica del estudiantado para ir adentrándose en el mundo laboral, abriendo con este convenio una nueva puerta a los servicios de mediación.

En esta línea, Nieto ha destacado la importancia de esta colaboración entre la Administración de Justicia y la Universidad para ofrecer a los futuros profesionales de ámbitos como el Derecho, Trabajo Social, Psicología, Graduado Social, Criminología o Pedagogía la posibilidad de completar sus conocimientos mediante la realización de prácticas no remuneradas, curriculares y extracurriculares.

"Este convenio viene a abrir las puertas de la Administración de Justicia a los alumnos de la Universidad que quieran ampliar su formación", ha apuntado Nieto, quien ha señalado que las prácticas son "una de las principales herramientas de salto de calidad en la formación de los alumnos ya que ofrecen la posibilidad de conocer el terreno, el trabajo de los distintos profesionales y crear una motivación añadida".

La selección de los alumnos será realizada por el departamento correspondiente de la Universidad mientras que durante su colaboración en los servicios de apoyo a la Justicia contarán con la tutorización de profesionales de los mismos.

Dada la particularidad de la atención que se presta en estos servicios, los alumnos que hagan prácticas en el SAVA, PEF o PIMA tendrán un compromiso de confidencialidad de los expedientes tratados durante 20 años.

La Consejería de Justicia ya tiene convenios de este tipo con las universidades públicas de Almería, Huelva, Jaén y Málaga además del centro privado Loyola, mientras que ahora se une la UCO y el objetivo es extender esta colaboración al resto de provincias.