El ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho ha defendido este viernes su inocencia ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, donde ha declarado como investigado en su condición de presidente de la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro, tras la denuncia de dos trabajadores en relación al caso de las supuestas mordidas a desempleados en Córdoba.

En declaraciones a los periodistas, acompañado por vecinos del barrio Guadalquivir y Sector Sur, Menacho ha lamentado que ya ha sido "condenado y ajusticiado por la prensa y la sociedad, que no conoce la labor que he realizado desde hace más de ocho años de forma altruista con todos los vecinos del barrio".

Además, ha defendido que está "acostumbrado a trabajar por y para los vecinos del barrio", que son "los únicos interesados" que le han acompañado, de manera que ha achacado a "la presión" mediática la situación de crisis de ansiedad que padeció el martes, cuando fue llamado a declarar y tuvo que posponerse a esta jornada, a la vez que ha criticado "la manipulación por el PP con fines partidistas y populistas".

Igualmente, ha reivindicado su "cese voluntario" como secretario local de JSA en esta jornada y ha asegurado que "la ejecutiva provincial y regional han creado una mala información" diciendo que le "han expulsado", cuando, según él, "tienen conocimiento desde hace más de un año que no soy militante y han sido ellos los que hasta el día de hoy me han permitido poder estar hasta donde estoy", y por los que se ha sentido "muy arropado hasta el martes", día en el que abandonó la sede judicial acompañado de su madre, la presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro, Ángeles Muñoz.

Al respecto, este miércoles el secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Domingo Gutiérrez Cabezudo, ha dictaminado, mediante una resolución, aprobar "la creación de una comisión gestora" para dirigir la organización de JSA en Córdoba capital, "de acuerdo con los estatutos y reglamentos" de la organización y "en conformidad con la Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España". La dirección provincial de JSA en Córdoba ya pidió que se abriese un expediente disciplinario para su expulsión de la organización juvenil.

PAGOS DE HASTA 500 EUROS

En concreto, la citación se ha producido tras la denuncia de dos empleados contratados que ya han declarado ante la juez que tuvieron que pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo que financiaba la Junta de Andalucía mediante un sistema de ayudas finalistas y del que presuntamente se beneficiaron, además de la citada entidad, la Fundación Guadalquivir Futuro y Nuevo Guadalquivir, todas ellas de la zona sur de la capital.

En este sentido, por el momento solo se encuentra investigado Menacho, al referirse la denuncia de los dos trabajadores a la convocatoria del plan 'Emple@' del año 2014, con trabajos que se llevaron a cabo en el primer semestre de 2015.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos presentó una segunda denuncia, que incluye a todas las organizaciones perceptoras de recursos públicos y que supuestamente usaron la práctica de retener parte de los ingresos. La responsable judicial de la investigación ya ha pedido a la Junta de Andalucía que le traslade toda la documentación relativa a Jóvenes hacia el futuro relativa a las anualidades de 2015 y 2016.

Además, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales, la juez prevé llamar a declarar en primer lugar a los denunciantes de Podemos y posteriormente al propio Cristian Menacho, y los gestores Ángeles Muñoz y Alejandra Pérez, denunciados por el citado grupo, todo ello en fase de instrucción sin estar investigados por ahora.

LA INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA

Cabe recordar que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta realizó una investigación a instancias de la Inspección de Trabajo, que elaboró un informe de actuación sobre las tres entidades, en el que concluye que parte de la subvención recibida se ha destinado a un fin diferente al que marca la normativa: sufragar salarios de los trabajadores beneficiados y seguros sociales.

De este modo, el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, explicó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades, y tendrán además que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron.

Mientras tanto, los trabajadores de la convocatoria de 2015 intentan que se les devuelva el importe de las mordidas, hasta ahora sin éxito. De hecho, el lunes ha tenido lugar el acto de conciliación previo a la interposición de un contencioso por la vía social y la empresa se negó a reconocer los hechos y aseguró que no tiene nada que devolver a los antiguos empleados que pagaron parte de sus salarios.