La Junta de Andalucía ha recurrido la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) que absuelve a las 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte, propiedad del Gobierno andaluz, en el término municipal de la localidad cordobesa de Palma del Río.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la administración autonómica ha presentado recurso contra dicha resolución, mientras que el Ministerio Público ha decidido no recurrir después de estudiar la sentencia sobre esta causa y la defensa ha presentado oposición al recurso.
Al respecto, según detallaron desde la defensa, el juez absuelve a los procesados en base a que "el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales", prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según han apuntado las fuentes. La sentencia aún no es firme.
En concreto, entre los citados por el juzgado no se encontraba el diputado de Unidos Podemos por Jaén en el Congreso, Diego Cañamero, al permanecer su causa en el Tribunal Supremo (TS) después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas acordara remitirlo.
En este caso, el Alto Tribunal ha remitido de nuevo la causa al Juzgado de Posadas "al no quedar acreditada" la participación de Cañamero en los hechos sobre el delito de usurpación por el que se investiga, según han apuntado a Europa Press fuentes judiciales.
Igualmente, el juzgado remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la parte de la causa que afecta en este caso a la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno, todo ello al "ser personas aforadas", según destacaron las fuentes judiciales.
En total, según recordó el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y "contando las diferentes ocupaciones que se han realizado de la finca desde que en 2012 fue ocupada" por primera vez, han sido 48 sindicalistas encausados por estas acciones, con las que el SAT reivindica que "las tierras públicas sirvan para generar empleo en los pueblos", en beneficio de "la gran cantidad de jornaleros que hay en paro".
Desde el SAT subrayan que, "cuando se entró en la finca estaba totalmente en desuso", si bien después "se ha cultivado el cien por cien de las más de 400 hectáreas", y también "se ha desarrollado en ella, junto a la Red Andaluza de Semillas, una serie de proyectos de agricultura ecológica y recuperación y multiplicación de variedades autóctonas de semillas".
Cabe destacar que la última actuación de la Guardia Civil en estos terrenos públicos propiedad de la Junta de Andalucía se produjo a finales de junio de 2017 por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas y resultaron denunciadas ocho personas. El SAT entró en Somonte el 11 de marzo de 2012, como reacción al anuncio de la administración autonómica de subastar las tierras.
