Córdoba duplica las sanciones por desobediencia a la autoridad

Las sanciones impuestas en Córdoba por desobediencia o resistencia a la autoridad, o por negarse a identificarse ante los agentes, se duplicaron en 2017 con respecto al año anterior, como consecuencia directa de la aplicación de la llamada "Ley Mordaza", según Amnistía Internacional (AI).

Los datos, obtenidos de las estadísticas oficiales y facilitados a Efe, revelan que las sanciones por incumplimiento del artículo 36.6 de la Ley Mordaza pasaron de 258 en 2016 a 523 durante 2017, un aumento del 51 por ciento, muy por encima de la media andaluza, que, aumentó también un 27 por ciento.

Según la portavoz de AI en Córdoba, María Jesús Monedero, este artículo sanciona concretamente "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".

Por otra parte, las sanciones por vulnerar el artículo 37.4, que incluye "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad", también subieron un 9,7 por ciento en Córdoba.

Concretamente, según Amnistía Internacional, se pasó de 674 sanciones de este tipo en 2016 a 746 en 2017.

Para Monedero, resulta llamativo que aumenten las sanciones en estos dos tipos penales al tiempo que "disminuyen las sanciones relativas en casi la mayoría del resto de artículos", desde la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos (que pasan de 26 a 20), o la ocupación inmuebles, que cae de 158 a 116.

La responsable provincial de Amnistía Internacional ha señalado que estas infracciones cuestionan "el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión e información".

De hecho, según los datos que maneja la organización en el caso de la provincia de Córdoba, el número de sanciones que penalizaron estos derechos "oscilarían entre las 1.120 en 2016 y las 1.400 en 2017".