Podemos ha presentado su escrito de calificación provisional respecto al llamado caso de las 'mordidas' de la Fundación Guadalquivir, que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba y, frente a los 30 años de prisión ya solicitados por el fiscal y la Junta de Andalucía, eleva a 33 años de cárcel su petición de pena para los tres acusados por la presunta comisión de un delito continuado contra el derecho de los trabajadores y otros dos de fraude de subvenciones públicas.
En concreto y según se detalla en la calificación de Podemos, a la que ha accedido Europa Press, la formación morada, que ejerce la acusación popular, solicita que se condene a cuatro años de prisión a cada uno de los tres acusados por el delito contra el derecho de los trabajadores, y a tres años y medio de cárcel, a cada acusado también, por cada uno de los dos delitos de fraude de subvenciones públicas o ayudas de las administraciones públicas.
Junto a ello, desde la acusación popular, que ejerce en nombre de Podemos el letrado Manuel Delgado, se pide que se imponga a cada uno de los acusados, Ángeles Muñoz, Cristian Menacho y José Antonio González, cuyo procesamiento ya decretó el citado juzgado, el pago de "una multa de diez meses con una cuantía de 30 euros al día", por el delito contra el derecho de los trabajadores.
De igual forma y por cada delito de fraude de subvenciones públicas, la acusación popular pide que se imponga a cada acusado una "multa del triple de la cantidad defraudada, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un periodo de cuatro años".
Al margen de que dichas peticiones de sanciones también superan a las planteadas en sus respectivos escritos de calificación provisional por la Fiscalía y la Junta de Andalucía, desde Podemos también se solicita la condena de las personas jurídicas investigadas en este procedimiento.
De esta forma, la acusación popular, que igualmente pide al juzgado la devolución, "en el momento procesal oportuno", de la fianza que en su momento entregó, solicita que se condene a la Fundación Guadalquivir Futuro y a las asociaciones Jóvenes para el Futuro y Nuevo Guadalquivir "a la pena de multa del triple de la cantidad defraudada, así como a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un periodo de cuatro años".
Además, entiende el abogado de Podemos que, "de la responsabilidad criminal surge la civil", por lo que, igualmente, "deberá condenarse a los autores y a las personas jurídicas a que indemnicen a los trabajadores con las cantidades que se solicitan por su escrito de conclusiones por letrado, con daños morales, las que se solicitan por el Ministerio Fiscal o se determinen en ejecución de sentencia, más los intereses, así como la devolución a las entidades públicas de las cantidades obtenidas fraudulentamente".
LOS HECHOS
Estas son las penas que pide Podemos que se impongan a los tres acusados y las tres asociaciones de las que son responsables, por supuestamente haberse apropiado, "con ánimo y métodos ilícitos, en propio beneficio", de un dinero que debió haberse destinado íntegramente al pago de los salarios de personas desempleadas de larga duración que fueron contratadas gracias a subvenciones finalistas de la Junta.
Así, según el relato de hechos de la acusación popular, "a pesar del cumplimiento formal del pago de salarios y a la Seguridad Social", lo ocurrido es que "se han desviado las subvenciones destinadas al pago de salarios y Seguridad Social de los trabajadores contratados, mediante falsas donaciones, pues han sido claramente involuntarias", con lo que estamos ante lo que popularmente ya se conoce como 'mordidas', en este caso a los trabajadores a cambio de mantener su empleo".
Tales 'mordidas' se hacían, "bien detrayendo parte de su salario pagado en metálico, bien forzando un compromiso de donación por transferencia posterior al ingreso de la nómina, también forzado por una amenaza de despido", y el resultado fue que "muchas de las personas contratadas, en situación desempleo de larga duración y necesitadas, pues a ellas se dirigía el programa, no tuvieron otra opción que aceptar las condiciones que se les imponían por los que estaban usando un evidente poder político, que se exhibía mediante invitaciones a actos con destacados líderes políticos y miembros del Gobierno de la Junta".
PETICIÓN AL FISCAL Y LA JUNTA
Con el antecedente de que Podemos ya pidió al juzgado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indagase en la contabilidad de los colectivos investigados, ahora la formación morada se dirige, a través de su calificación, al fiscal y a la acusación particular que ejerce la Junta, al entender que "son las llamadas a depurar todas las responsabilidades y recuperar el dinero de la ciudadanía", y las conmina "a que promuevan los extremos que deben ser objeto de investigación, en pieza o piezas separadas, en este mismo juzgado".
Opina Podemos que, "además de lo que se ha considerado suficientemente acreditado indiciariamente para ser objeto de juicio oral, también se ha puesto de manifiesto a lo largo de la instrucción, y en especial en el informe pericial contable, que quedan en la penumbra por la ausencia de contabilidad, la justificación del destino, incluso el origen de algunos ingresos, así como la correspondencia de los gastos usados como justificación con el destino de ayudas recibidas".
"Hablamos, entre otras --concluye la calificación de Podemos--, de la subvención de la Junta de 63.480,07 euros en 2015, de la Diputación Provincial de 40.000 euros en 2016, o el pago de una prestación de servicios de formación presuntamente realizada por la Fundación Guadalquivir Futuro al Ayuntamiento de Córdoba por importe de 17.450 euros", cuestiones éstas que, según señala la acusación popular, "no se han incluido" en los escritos del fiscal ni de las acusaciones particulares.
