La agencia de noticias Associated Press (AP) ha informado de que, entre las 20 líneas telefónicas cuyos registros de llamadas fueron investigados por el Gobierno estadounidense, figuran los listados de las comunicaciones de cinco periodistas y un redactor jefe que participaron en la elaboración de una noticia sobre una operación de la CIA que frustró un atentado de Al Qaeda contra un avión con destino a Estados Unidos, una información que provocó que la Administración intentara averiguar sus fuentes en la publicación de esos datos.
En una información publicada en su página web oficial, AP ha subrayado que el Gobierno aún no ha explicado por qué motivo obtuvo los registros de las llamadas telefónicas y ha recordado que el Gobierno admitió que está llevando a cabo una investigación criminal para averiguar la fuente o las fuentes de una noticia que la agencia publicó el 7 de mayo de 2012 sobre una operación de la CIA que frustró un atentado de Al Qaeda contra un avión con destino a Estados Unidos, una noticia que desveló "detalles" del operativo de esta agencia de Inteligencia.
"Los fiscales han buscado registros telefónicos de reporteros en anteriores ocasiones pero el tamaño de esta investigación en una amplia selección de oficinas de AP, incluidos números de la centralita general y líneas de fax compartidas por delegaciones, es extraordinario", ha advertido
AP ha definido la interceptación de los registros de las llamadas de 20 de sus líneas telefónicas entre abril y mayo como una "intromisión masiva y sin precedentes" y ha indicado que esta acción del Departamento de Justicia puede haber afectado a las comunicaciones telefónicas de "más de cien periodistas" que trabajan en las delegaciones investigadas por el Gobierno.
"El número exacto de periodistas que usaron las líneas telefónicas durante ese periodo se desconoce pero más de 100 periodistas trabajan en las oficinas en las que los registros de llamadas han sido recopilados, en una serie de noticias sobre el Gobierno y otros temas", ha afirmado AP.
En una carta de protesta enviada al fiscal general estadounidense, Eric Holder, este lunes, tras tener conocimiento de la investigación de sus comunicaciones telefónicas, el presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, ha acusado al Gobierno de haber obtenido información más allá de cualquier límite "justificado por cualquier investigación" y ha reclamado la devolución de los registros de llamadas y la destrucción de todas las copias de estos documentos.
"No puede haber una justificación posible para una recopilación tan amplia de comunicaciones telefónicas de AP y sus reporteros. Estos registros relevan potencialmente las comunicaciones con fuentes confidenciales en todas las actividades periodísticas de AP durante un periodo de dos meses, proporcionan una hoja de ruta sobre las operaciones periodísticas de AP y revelan información sobre las actividades y operaciones de AP que el Gobierno no tiene ningún derecho a conocer", ha subrayado Pruitt en su misiva.
EL GOBIERNO HA INVESTIGADO "AGRESIVAMENTE" A LOS MEDIOS
Associated Press ha acusado al Gobierno estadounidense de haber investigado "agresivamente" a los medios de comunicación norteamericanos en los casos en los que han dado a conocer información clasificada y ha recordado que con el actual mandatario norteamericano, Barack Obama, ha habido investigaciones contra seis personas por difundir información reservada, "más que con todos los presidentes anteriores juntos".
Después de que AP denunciara que el Gobierno había obtenido sus registros telefónicos, la Casa Blanca aseguró este lunes que se había enterado por las noticias de la prensa de la investigación realizada por el Departamento de Justicia. "No estamos involucrados en decisiones adoptadas en relación con investigaciones criminales, toda vez que estos temas son gestionados de manera independiente por el Departamento de Justicia", ha afirmado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
AP ha explicado que "normalmente" los medios de comunicación son avisados "con antelación" cuando el Gobierno quiere conseguir sus registros telefónicos y que, entonces, se abre una negociación para que el Ejecutivo obtenga los datos que quiere. "En este caso, sin embargo, el Gobierno, en su carta a AP, ha citado una excepción a esas reglas que establece que la notificación previa puede ser obviada si ese aviso puede "representar una amenaza sustancial a la integridad de la investigación", ha indicado.
