La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de indulto del torero José Ortega Cano, condenado a dos años y medio de cárcel por provocar un accidente de tráfico mortal, por los hechos "gravísimos" que cometió y porque sus cargas familiares o problemas de salud no son excepcionales.
Un informe firmado por la fiscal jefe, María José Segarra, dice que una persona inocente falleció como consecuencia del comportamiento de Ortega Cano y añade que "el hecho de que se trate de una conducta imprudente, no por ello debe ser vista con mayor benignidad" pues ya el Código Penal prevé una pena "notablemente atenuada" para estos delitos.
Recuerda que Ortega Cano, al consumir bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante -arrojó una alcoholemia triple de lo autorizado- se puso "de forma consciente en situación de no controlar" sus actos.
Segarra recuerda que la Dirección General de Tráfico lleva a cabo continuas campañas que "ilustran hasta la saciedad este gravísimo riesgo unido inexorablemente a la conducción bajo el consumo de bebidas alcohólicas".
"Observamos tanta peligrosidad en la conducta por la que fue condenado que no le hace merecedor del indulto solicitado", dice el escrito al que ha tenido acceso Efe.
El torero fue condenado por delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad del tráfico por provocar un accidente cuando conducía su vehículo todoterreno en mayo de 2011 en las proximidades de su finca en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, siniestro en el que falleció el conductor del vehículo contrario, Carlos Parra.
Sobre las cargas familiares alegadas por el torero, el escrito dice que no tienen ninguna excepcionalidad con respecto a las que presentan la mayoría de los penados y también rechaza los supuestos problemas de salud, acompañados de "numerosos informes" médicos.
En ellos "en ningún caso se indica que, a resultas de dichos padecimientos, precise un tratamiento o cuidados específicos que hagan difícil o imposible o incompatible su ingreso en un centro penitenciario".
Ortega Cano, concluye la fiscal jefe, lleva una "vida normalizada" y por tanto esos datos médicos no suponen una circunstancia "excepcional".
