La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de las propiedades y las cuentas bancarias del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega para avalar sus fianzas civiles de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente.
Según han informado fuentes jurídicas, la juez Carmen Lamela ha tomado esta decisión tras comprobar que ninguno de ellos ha pagado las fianzas, cuyas cantidades se corresponden a las indemnizaciones que recibieron al salir del grupo.
Hace unos días, Lamela rechazó aceptar las pólizas de seguro que presentaron como manera de abonar estas fianzas.
En el caso de Benjumea, la juez le ha prohibido disponer de varias viviendas y parcelas de su propiedad: seis en Sevilla, dos en Cádiz y dos en Soria -en este caso, con propiedad parcial-, así como de cinco coches -dos Mercedes Benz, un BMW, un Chrysler y un Ford- y un ciclomotor Piaggio.
Entre las casas hay 5 en Sevilla capital, otra en San Juan de Aznalfarache, una más en El Puerto de Santa María (una de sus residencias de veraneo) y una última en San Roque, en la exclusiva urbanización de Sotogrande.
También ha bloqueado su dinero en doce cuentas bancarias de Santander, Sabadell, Bankia y Unicaja, incluyendo productos como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo.
Para ello, ha librado los oportunos oficios a los diversos registros de la propiedad y entidades bancarias, en lo que supone el primer paso del proceso de embargo.
En cuanto a Sánchez Ortega, la juez ha iniciado el proceso de embargo de una vivienda de su propiedad en Las Rozas (Madrid), un vehículo Jaguar y el bloqueo de una cuenta a su nombre.
Lamela les investiga a raíz de una querella presentada por dos bonistas y considera que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock.
En una rueda de prensa celebrada hoy, los abogados de los bonistas han anunciado que ampliarán el proceso tanto al consejo de administración como al comité de retribuciones de Abengoa al considerarlos "cooperadores necesarios" del supuesto delito de administración desleal.
La ampliación de las responsabilidades a los consejeros se debe a los pagos por valor de 16 millones de euros, calificados de "inaceptables" por los letrados, a ambos exdirectivos en "agradecimiento" a su labor al frente de la empresa en los últimos años.
Además, se ampliarán los delitos "por falseamiento de documentación y estafa", aunque, han matizado, esperarán a que Abengoa remita a la juez instructora la documentación financiera y las actas de las reuniones antes de emprender tal medida.
Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores lastrada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.
La empresa negocia ahora con sus acreedores la búsqueda de una solución que evite el que sería el mayor concurso de la historia de España.
