La comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Sevilla sobre los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, investigada por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos, se encuentra trabajando ya en un nuevo documento de conclusiones finales que incluya las aportaciones de todos los grupos.
Según han informado fuentes municipales a Europa Press, durante la nueva sesión de la comisión convocada este martes para abordar la presentación de las conclusiones finales, los grupos han acordado darse un margen para analizar la documentación y comenzar a trabajar de forma inmediata en un nuevo documento que incluya las aportaciones de todos.
En este sentido, se ha concedido un plazo de análisis que finalizaría este viernes, cuando se prevé la convocatoria de una nueva reunión para abordar ese nuevo texto de consenso.
El documento que se analizaba este martes en la reunión se centraba en la presentación y análisis del documento de conclusiones elaborado por el gobierno local y remitido a los grupos el día 19 de julio. Tras ello, se convocó una nueva sesión el día 25 de julio para analizarlo, un encuentro donde se acordó aplazar hasta septiembre el desarrollo de las conclusiones para tener más tiempo para el análisis del documento. El plazo para alegar al documento se cerró el día 29 de agosto, convocándose la nueva sesión de trabajo para este martes.
La comisión se constituía oficialmente el día 2 de diciembre, aunque no era hasta principios de enero cuando se abordaba las peticiones de documentación por parte de los grupos, que llegaban hasta los 450 expedientes. Tras ello, el día 1 de marzo arrancaban las primeras comparecencias, que se extendían hasta el 22 de abril y a la que fueron convocadas unas cien personas, entre funcionarios, personal municipal, empresarios y políticos, como los exalcaldes Juan Ignacio Zoido (PP) y Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), o el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), quien no acudió finalmente.
También estaban convocados, los directivos de Fitonovo Rafael González Palomo, José Antonio González Baro, Ángel Manuel Macedo, Juan Andrés Bruguera, Pilar Baró Álvarez o Jesús Torres Gómez, así como el exdirector municipal de Vía Pública y ex asesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, el funcionario municipal Francisco Amores, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal de IU-CA José Manuel García, José Enrique Castro como jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el funcionario Francisco Luis Huertas, el miembro de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona, el exconcejal de Urbanismo Maximiliano Vílchez (PP), el expresidente del PP de Sevilla José Luis Sanz o el exsecretario general del PSOE de Sevilla José Antonio Viera.
EL CASO
Esta comisión aborda los hechos investigados a partir de la operación Madeja, después rebautizada como Enredadera, sobre los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo. La investigación, al pasar a la fase de la operación Enredadera, supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el entonces concejal de IU-CA José Manuel García o el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo.
En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.
A LA AUDIENCIA NACIONAL
Aunque la investigación arrancó desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla de la mano de la juez Mercedes Alaya, entonces titular de dicha instancia, la Audiencia Nacional asumió finalmente el caso al abarcar las diligencias diferentes provincias.
Dado que la investigación judicial comenzó precisamente por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo, y a tenor de las relaciones contractuales entre ambas partes, el pleno del Ayuntamiento hispalense acordó en septiembre, a instancias de C's y por unanimidad, crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el Consistorio a esta empresa y su grupo.
