Poco a poco se van conociendo más datos sobre la demanda judicial que los gestores de los fondos europeos han interpuesto a Impulsa y al Ayuntamiento, ante los Juzgados de Madrid, por la gestión del gobierno de David de la Encina en Pozos Dulces y la Plaza de Toros. El más relevante, la cuantía económica que podría suponer para El Puerto "el incumplimiento rebelde" del tripartito De la Encina. Una cantidad que ascendería a 17 millones de euros. Un importe total que se fundamenta en el análisis forente realizado por los expertos de AFI, Analistas Financieros Internacionales, y que se incorpora a la demanda judicial.
La campaña política en 2015 de PSOE, Levantemos e Izquierda Unida podría costar 17 millones de euros, 10.094.057 euros por los perjuicios provocados y otros 6.596.168 euros por los daños emergentes, ambos más intereses, derivados de incumplimientos contractuales. Estas cantidades incluyen un lucro cesante calculado según la tasa de rentabilidad derivada de la inversión en capital de 5.355.449 euros.
Las cantidades se justifican por los daños reales y efectivos así como por la relación de causalidad entre los incumplimientos impulsados por el tripartito de David de la Encina “lo que ha provocado el fracaso del proyecto”. La demanda defiende un “incumplimiento rebelde” que fue “verdadero, total, absoluto, definitivo, grave, esencial, culpable, deliberado, pertinaz, continuado, duradero, inequívoco, injustificado” según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La demanda describe pormenorizadamente tanto ruedas de prensa, como hemeroteca y el Pacto Progresista y Social de PSOE, IU y Levantemos. Se da la circunstancia de que uno de los impulsores y líderes de la plataforma “No a los Parkings” es Javier Botella actualmente cabeza visible de Unión Portuense.
La demanda presentada por los gestores de fondos europeos ante los Juzgados de Madrid apunta a David de la Encina como máximo responsable. Una extensa y dura demanda judicial de casi 90 páginas y 83 documentos anexos fundamentan pormenorizadamente todos los incumplimientos legales de David de la Encina que motivaron la paralización de los expedientes municipales en procesos administrativos y la falta de gestión de los órganos de gobierno de empresas públicas, por motivos únicamente políticos. Los gestores europeos demandan una dura condena contra Impulsa y al Ayuntamiento de David de la Encina.
