Mandos autonómicos policiales -dependientes del gobierno catalan- están cayendo por la destitución decidida por sus jefes políticos en Cataluña. Por descontado que se conoce sobradamente la facultad de discrecionalidad en los nombramientos de las cúpulas policiales. Sucede igual en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Las dudas de la medida adoptada entra cuando se analiza la letra pequeña. ¿Por qué están siendo cesados?
La purga comenzó con el mayor de los mossos Josep Lluis Trapero. Trapero se convirtió en héroe ciudadano por su actuación moderada cuando se produjo la convocatoria independentista de referéndum. Combatió lo preciso sin caer en dar los más estúpidos palos que se han propinado en España y que perjudicaron tanto a su imagen internacional. Era una actuación política que, si se hubiera aplicado la doctrina italiana como sobre los realizados en la región veneciana y en Lombardía -con mucha mayor participación de votantes que en Cataluña (en uno de ellos votaron casi 5 millones)- se habrían evitado muchas soflamas y victimismos independentistas. En Italia se consideró no un “golpe de Estado” sino con la categoría de “inexistencia” o de “delito imposible”. Ésa es la opinión de Luigi Ferrajoli, uno de los más importantes juristas europeos. Al tiempo que manifestaba que “No existe derecho de autodeterminación, como exige el independentismo catalán, en un país democrático” escribía que el referéndum y la declaración de independencia habría que haberlos tratado -excepto la malversación- como “actos inexistentes, más que inválidos o ilícitos, por total defecto de competencia”. Pero Trapero también dispuso el dispositivo antiterrorista en los atentados de Barcelona y Cambrils y la preparación de la detención del presidente de la Generalitat, Puigdemont, y demás líderes independentistas, si la autoridad judicial lo reclamaba. Por todo ello fue absuelto por la Audiencia Nacional. Los soberanistas no lo han perdonado. La profesionalidad se casa muy mal con el sectarismo nacionalista. Todo se mira con la lupa identitaria.
La depuración ha culminado con Antoni Rodríguez, jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, porque llevaba meticulosamente la investigación de dos ex consejeros de la Generalitat, uno de ellos Laura Borrás, actual presidenta del Parlament. Se ha denunciado hasta el borrado de correos electrónicos comprometidos para ella. Ha sido Salvador Illa quien primero ha hablado de purga, pero toda la oposición catalana está unida en la petición de responsabilidades políticas.
