El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del 'caso Pegasus' ha aceptado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declare como testigo por escrito el próximo 5 de julio en sede judicial, sugiriéndole no obstante hacerlo por videoconferencia para "asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad".
En un auto de este mismo jueves, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, da cuenta del escrito remitido en el día de hoy por el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el que comunica su preferencia a la hora de declarar.
Fue el pasado 6 de junio cuando el juez acordó citar como testigo a Bolaños en esta causa en la que se investiga el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, con el programa Pegasus a través de sus teléfonos móviles.
Tal y como recuerda el magistrado la legislación prevé que tanto el presidente como los demás miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo".
No obstante, y "sin perjuicio de lo anterior", el instructor "sugiere al testigo la práctica bidireccional y en tiempo real de la referida diligencia de investigación para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad".
"Con una interacción visual, auditiva, y verbal con el testigo, y en unidad de acto", añade el juez Calama, que considera que "procede valorar celebrar la declaración testifical a través de videoconferencia", ofreciendo al ministro esta posibilidad "si lo tiene a bien".
En el caso de que finalmente cambie su preferencia y "opte por esta posibilidad", Bolaños "deberá ponerlo en conocimiento del Juzgado en el plazo de tres días a contar" desde este mismo jueves.
El magistrado llamó a sede judicial a Bolaños después de que el Gobierno autorizara el pasado mes de mayo tanto a la exdirectora del CNI Paz Esteban como a los autores de los informes del Centro Criptológico Nacional que acreditaron el espionaje a Sánchez y sus ministros a declarar en caso de que Calama lo considerara oportuno.
LOS INFORMES DEL CNI
Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada el por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
EN PLENA CRISIS CON MARRUECOS
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.
