Unas 17.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, han asistido este sábado a la manifestación convocada por el sindicato de funcionarios CSIF, a la que se ha sumado la organización policial Jusapol, para exigir al Ejecutivo una subida salarial "justa" y medidas económicas eficaces contra la inflación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo y que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado.
Demandan, al mismo tiempo, medidas económicas "eficaces" que ayuden a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida de los precios, que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.
A la marcha, en la que se según los convocantes han participado "cientos de miles de trabajadores", se ha unido el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que ha criticado el comportamiento "hipócrita" de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por pedir a los empresarios que suban el sueldo de los trabajadores por cuenta ajena, mientras que el Gobierno no hace lo mismo con los funcionarios públicos.
También ha acudido a la protesta la exdiputada nacional de Vox Macarena Olona, que ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los manifestantes y se ha fotografiado con algunos de los asistentes.
En un mensaje escrito en su cuenta de Twitter, Olona ha pedido a los funcionarios “fuerza y honor” y ha señalado que está “prohibido rendirse”.
Un mar de banderas verdes y blancas, representativas del sindicato, ha inundado las calles de Madrid junto a numerosas banderas de España, una estampa que ha ido acompañada de cánticos como "dónde está mi subida" o "sí, sí, sí, ya está aquí CSIF".
Los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad se han hecho notar en la capital con silbatos y vuvuzelas, así como con algunos petardos que han resonado por algunas de las arterias principales de Madrid.
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borrás, ha protestado contra la “pérdida del poder adquisitivo” de los funcionarios españoles y ha exigido que el Ejecutivo nacional, que se reunirá con el sindicato el próximo miércoles, que asuma un acuerdo a dos años que incorpore un paquete de medidas con la subida salarial a la cabeza.
En declaraciones a los periodistas, Borrás ha asegurado que el sindicato acudirá al encuentro con el Ejecutivo nacional con las “energías renovadas” tras observar la asistencia a la protesta de las miles de personas que han desfilado hoy por la capital.
“Hemos conseguido doblarle el brazo al Gobierno”, ha celebrado, mientras que ha recalcado que las manifestación “está abierta a todos los ciudadanos” porque hoy CSIF también clama contra el “empobrecimiento social” que, en su opinión, está sufriendo la población.
Borrás ha pedido que se tomen “otro tipo de medidas” para paliar los efectos negativos de la inflación, y ha recordado que otros países del entorno europeo “tienen una inflación menor”, al tiempo que ha lamentado que España sea el país con “mayor tasa de desempleo de Europa”.
“Los salarios en España son un 20 % inferiores a la media europea”, ha criticado.
Ese diagnóstico de la realidad económica española también lo ha compartido Miguel Gómez, presidente de Jusapol, que ha señalado que a la Policía Nacional y la Guardia Civil también les “afecta” la pérdida de poder adquisitivo.
“Jusapol nació para reivindicar la equiparación (salarial) con las policías autonómicas y no hemos cesado en esta lucha en ningún momento, y no nos importa adherirnos a las manifestaciones de CSIF, porque reclaman algo que es justo. Nosotros somos funcionarios y nos afecta también la pérdida de poder adquisitivo”, ha argumentado en declaraciones a los periodistas.
Gómez espera que el Ejecutivo nacional “se siente” con CSIF, y “saque los números y la auditoría que presentó en su momento” para lograr que la Policía Nacional y la Guardia Civil “no sean discriminados frente a un mosso d’esquadra o un ertzaina”.