En el acuerdo de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público imputa a los controladores del Centro de Control Aéreo de Gavà, del que depende el tráfico del corredor mediterráneo, un delito contra la navegación aérea o, en su caso, uno de abandono de servicio público durante el puente de la Constitución.
La denuncia es resultado de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil por orden de la Fiscalía de Barcelona, que transcurre paralela a las que realizan las de Girona y Tarragona, donde también hubo controladores que podrían haber abandonado su responsabilidad laboral.
La Fiscalía mantiene en su escrito que la actitud de los controladores que “optaron por hacer inviable el tráfico aéreo con sus imaginarias incapacidades, derivada de su conflicto laboral y su enfrentamiento con el Gobierno, originó de manera automática la casi total paralización del tráfico aéreo en el aeropuerto de Barcelona”.
A consecuencia de esa “conducta pasiva de clara obstrucción a la regulación del tráfico aéreo”, se tuvieron que suspender más de 200 vuelos el día 3 de diciembre y 570 el día 4, lo que –según el ministerio público– derivó en un “caos generalizado” que perjudicó a miles de viajeros.
La denuncia de la acusación pública se dirige sólo contra los controladores de la torre de Gavà porque la actitud de los de la torre de El Prat de Llobregat (Barcelona) fue en principio correcta –permanecieron en su lugar de trabajo sin incidencias– y la postura de los de Sabadell dependía de los primeros, ya que les resulta imposible operar si el principal centro de control no funciona.
El ministerio público ha considerado insuficientes los partes médicos aportados.
