El expresidente del Govern balear Jaume Matas deberá abonar al Banco de Valencia unos 3,9 millones de euros si desea recuperar las tres fincas con las que garantizó el préstamo que le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le fue impuesta en el marco del caso Palma Arena, posteriormente rebajada a 2,5 millones de euros y que el juez instructor, José Castro, ha cancelado este viernes por considerar que ya no se mantienen las condiciones por las que le fue decretada.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas a Europa Press, que han indicado que a día de hoy el exministro de Medio Ambiente debe 2,5 millones a la entidad bancaria, intervenida en la actualidad por el Banco de España, a los que se suman cerca de 1,5 millones en concepto de intereses de demora y gastos procesales.

Recientemente la defensa del expresidente, ejercida por el abogado Antonio Alberca, presentó un escrito ante el juez para solicitar que la devolución de la fianza a cambio de entregar los tres inmuebles, entre los que se encuentra su 'palacete', hasta cubrir los 2,5 millones de caución que pesaban sobre él con el objetivo de saldar la deuda que mantiene con el banco. No obstante, los escollos no son pocos puesto que, además de los intereses acumulados, de la fianza anulada 500.000 euros serán traspasados a la Audiencia para cubrir su responsabilidad en lo que se refiere a su condena por el primer juicio por el caso Palma Arena.

Ante esta tesitura, el expresidente no quiere tirar la toalla y su intención pasa por seguir insistiendo para recuperar sus bienes. Para ello, intentará negociar con el banco a fin de alcanzar un acuerdo al respecto, puesto que la entidad acreedora es a fin de cuentas la que tiene la última palabra.

PODRÍA ACOGERSE AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY HIPOTECARIA

Dependiendo de cómo transcurran los acontecimientos, Matas podría valerse del artículo 124 de la Ley Hipotecaria para solicitar la cancelación de la hipoteca que pesa sobre sus fincas una vez pagada la parte del crédito con que estén gravadas alguna de ellas. Según este precepto, al que podría acogerse el expresidente, la elección de la finca que deba quedar libre de hipoteca corresponde al deudor.

Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma mantiene en pie la fecha para la subasta de los tres bienes solicitada por el banco, prevista para el próximo día 25.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Castro justifica que "han transcurrido poco más de dos años en los que el afectado -en referencia al expresidente- ha venido llevando a cabo con total regularidad sus comparecencias quincenales y ha acudido puntualmente a cuantos llamamientos judiciales se le han cursado".

Sin embargo, el instructor del caso Palma Arena advierte de que la cancelación de la fianza de 2,5 millones "no limita ni condiciona la competencia de este Juzgado para adoptar en el futuro, tanto en la causa matriz como en cualquiera de sus piezas, cualquier otra medida de naturaleza penal, más gravosa si fuere necesaria, o el afianzamiento de responsabilidades civiles".

Al mismo tiempo, el magistrado subraya que la prisión provisional bajo fianza "es una medida de carácter excepcional que ha de perseguir unos objetivos concretos que no pasan por que se la considere como una condena anticipada y que ha de durar el tiempo imprescindible para su consecución". Así las cosas, Castro destaca el hecho de que el exministro se haya sometido de forma "escrupulosa al control judicial sin oponer reparo alguno".