Entre esos compromisos, explícitos o implícitos, el nuevo alcalde incluyó uno de índole fiscal, cuando añadió: “Sevilla tiene una presión fiscal por encima de la media de las grandes ciudades, que vamos a moderar de forma gradual. Este esfuerzo no se corresponde con unos servicios de excelencia como Sevilla merece”.
Diez meses después de su investidura como alcalde, el simple repaso de las noticias de la última semana indican que Zoido se ha ido desviando progresivamente de aquel anuncio de moderación impositiva o que ha sustituido aquella presión fiscal de la que habló por otras vías recaudatorias más expeditivas y coercitivas, como la previsión de mayores ingresos por la imposición de más multas por la Policía Local.
Primero, Sevici
Entre los incrementos de precios recientes autorizados por el Ayuntamiento figura el de los abonos de Sevici, tanto el anual como el semanal, que entraron en vigor el pasado miércoles. Los nuevos precios suponen un alza de 2,50 euros para el abono anual, que ya cuesta 27,50 euros, y de un euro mensual, que por tanto se eleva a once. El Consistorio ha tratado de edulcorar la noticia subrayando que la subida se aplicará únicamente a los nuevos usuarios, pero los antiguos la sufrirán cuando renueven sus abonos actualmente en vigor, por lo que más tarde o más temprano todos los que se desplazan en bicicletas públicas tendrán que pagar estas tarifas.
La medida, por más que se inscriba en el contrato firmado con la concesionaria francesa, quizás podría haberse intentado suavizar, porque llega en el peor momento de la crisis, con recortes a mansalva y con la gasolina batiendo semana tras semana records históricos de encarecimiento. Quienes por el precio del combustible estuvieran tentados de dejar el coche y pasarse a la bicicleta se encuentran con otra subida en Sevici.
Los veladores después
La táctica de sustituir o complementar la presión fiscal por la de endurecer las multas como mecanismo compensatorio de recaudación también ha quedado de manifiesto en la revisión de las Ordenanzas de Veladores. Con un impecable lenguaje tecnocrático, el Ayuntamiento comunicaba al día siguiente de subir el precio de las bicicletas que había promovido una serie de actuaciones a fin de mejorar las condiciones de accesibilidad y uso de las terrazas existentes en los espacios públicos, así como ordenar la instalación de los elementos integrantes de dichas terrazas de veladores. En el proceso de adaptación de la Ordenanza destaca el sometimiento a la normativa urbanística, lo que supone sanciones de hasta 120.000 euros en su grado máximo.
En las Ordenanzas fiscales para 2012 ya se había aprobado una subida de tasas para los veladores que, según la zona en que se radiquen los bares y terrazas, pagarán entre 4,44 y 20,52 euros mensuales. No es suficiente. La Hacienda municipal ha aprovechado el Plan de Ajuste del Gobierno para darle otro golpe a la hostelería e incrementar en conjunto la recaudación en 110.000 euros más, lo que implicará una ‘actualización’ de estas tasas, que no llevan ni cuatro meses en vigor.
Sanciones de tráfico
Tercera medida en la misma línea, desvelada por la Policía Local en vísperas del inicio de su huelga de ‘bolis caídos’ tras el incumplimiento de la promesa del alcalde, realizada cuando aún se hallaba en la Oposición, de proceder a la reclasificación de su categoría profesional: el Viernes de Dolores, con la ciudad sumida en los últimos preparativos para la Semana Santa, la Junta de Gobierno de la Corporación Municipal aprobó un documento de previsión de ingresos por multas de tráfico de al menos 25,2 millones de euros, una cifra superior en 7,5 millones a las previsiones del último año del mandato de Monteseirín. Nadie ha reparado en que estas cantidades suponen que las multas se dispararán en ¡un 42,37%!.
Obviamente, para que se multipliquen los ingresos por sanciones por vulneraciones del Código de la Circulación la condición ‘sine qua non’ es que los agentes de la Policía Municipal y el coche ‘ponemultas’ trabajen a destajo y se acabe con la política de manga ancha que el propio delegado de Movilidad, Demetrio Cabello, reconoció que se había aplicado en el Casco Antiguo cuando más arreciaba la polémica por la forma heterodoxa en que se había derogado el Plan Centro, pero manteniendo a las cámaras de vigilancia grabando a los conductores.
Durante el primer trimestre del año en curso (enero-marzo), la Policía Municipal ya había multado a 42.675 conductores en las calles de Sevilla, 2.425 más que en el mismo periodo del mandato PSOE-IU o, lo que es lo mismo, un 6,02% más. Pero este ritmo es insuficiente para alcanzar la recaudación prevista por el gobierno de Zoido, ya que de mantenerse así sólo supondría un 24% más en números redondos, cuando la idea de la Corporación es que las multas se multipliquen para que los ingresos sean un 42,3% superiores.
Resto de ordenanzas
Se colige, pues, que o se incrementa el importe de las multas o se presiona mucho más a los agentes y al servicio de retirada de la grúa (más de 1.200 vehículos retirados en el mes de marzo, cuyos dueños tuvieron que abonar 248.000 euros para poder recuperarlos del depósito municipal) para que vayan a la caza de los infractores. Estas medidas serían, por otra parte, legalmente irreprochables, por tratarse de vulneraciones a la normativa, si bien supondrían disfrazar de tolerancia cero a la doble fila, muchas veces inevitable para el típico mandado de “unos minutos”, la voracidad recaudatoria de la Hacienda Municipal.
No acaba aquí, de momento, el plan ‘ponemultas’ del Consistorio, que también ha presupuestado 1,2 millones de euros de recaudación por las sanciones a quienes infrinjan otras Ordenanzas municipales, como los propietarios de los establecimientos abiertos sin licencia o que no tengan todos los papeles en regla (un ejemplo paradigmático sería el cierre de la cervecería ‘La Sureña’ en las ‘Setas’ de la Encarnación), los clientes de las prostitutas callejeras y hasta los participantes en la movida, que por definición infringen la ley contra las ‘botellonas’ al estar prohibido por defecto la ingesta de alcohol en cualquier vía pública de la ciudad.
Taxistas, hoteles y garajes
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de todos los agentes sociales sevillanos ha sido el suma y sigue que ha supuesto la modificación planteada por la Delegación municipal de Hacienda para el otorgamiento de licencia y autorizaciones administrativas de taxis y demás vehículos, y sobre la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, paradas de taxi y demás automóviles que precisen licencias o autorizaciones para el transporte.
Así, los taxistas pagarán una tarifa trimestral de entre 130 euros por turno único y 260 por turno doble en concepto de reserva de espacios para sus paradas. Esta nueva disposición fiscal también afectará a la reserva de suelo frente a los edificios donde se estén ejecutando obras: de una tasa semestral por importe de entre 78 y 134 euros se pasa ahora a otra trimestral por entre 58 y 81 euros. Aunque la entrada a los equipajes particulares no estará afectada por esta tasa, sí lo serán los negocios con garajes rotatorios o en régimen de abonados.
Rechazo del CESS
El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), donde están representados la patronal, los sindicatos y los consumidores, ha aprobado por unanimidad un dictamen contra lo que califica de “desproporcionada” subida de las tasas municipales, una reprobación en toda regla a la política fiscal de Zoido y que pone en solfa su promesa de moderación realizada en su discurso de investidura.
El CESS no sólo deja en evidencia el discurso oficial del alcalde, sino que también subraya que el Ayuntamiento contradice su planteamiento de “estrategia de rebaja del esfuerzo fiscal” planteada en las Ordenanzas fiscales para 2012, ya que, según su dictamen, “no se produce la pretendida disminución, sino que se origina, en general, un desproporcionado incremento sobre el tejido empresarial”.
La conclusión de empresarios, sindicatos y consumidores va más allá, ya que en su dictamen subrayan cómo este incremento de la presión fiscal sobre quienes crean riqueza, “de forma diferida puede repercutir sobre la ciudadanía como receptora última de la prestación de servicios de autónomos, empresas y entidades afectadas”.
La moderación fiscal de la que hablaba Zoido en su discurso de investidura se ha quedado de momento en papel mojado.
