Los países de la Unión Europea anunciaron ayer que quieren llegar a un acuerdo, antes de mayo, con el Parlamento Europeo sobre la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales. 

Los ministros europeos de Empleo analizaron ayer por primera vez tras el rechazo del PE del proyecto de directiva sobre tiempo de trabajo, hasta dónde están dispuestos a ceder en las negociaciones. 

En un Consejo informal en Luhacovice (sureste de la República Checa), los Veintisiete se mostraron dispuestos a replantear su propuesta de no considerar como tiempo de trabajo los momentos de inactividad de las guardias médicas –espacio entre paciente y paciente–, uno de los puntos que provocó el rechazo de la Eurocámara. 

Sin embargo, países como Alemania, Reino Unido y Polonia manifestaron una posición inamovible en relación a otra cláusula problemática para los eurodiputados, la conocida como opt-out, que permite, en caso de acuerdo entre empresario y trabajador, superar el límite de las 48 horas trabajadas por semana, confirmaron a Efe fuentes diplomáticas. 

España, Bélgica, Hungría, Grecia, Chipre y Portugal defendieron ideas más cercanas a las del Parlamento Europeo.
El ministro español de Trabajo, Celestino Corbacho, intervino en el curso del almuerzo en el que se debatió esta cuestión para insistir en que España quiere que se elimine la posibilidad de ampliar la jornada por encima de las 48 horas. 

La presidencia checa de turno de la Unión informó al término del encuentro de que tiene previsto presentar al resto de países miembros una nueva propuesta al respecto que espera que apoyen para poder iniciar negociaciones con el PE en febrero. 

El titular checo de Empleo, Petr Necas, explicó en rueda de prensa que la elecciones de junio del Parlamento Europeo añaden “mucha presión” a las negociaciones (si ambas instituciones no logran un acuerdo antes del último pleno del PE en mayo la CE tendrá que retirar la propuesta). 

“Las negociaciones van a ser muy complicadas, pero esperamos progresar en febrero”, aseguró Necas.
El comisario europeo de Trabajo, Vladimir Spidla, recordó que si no se aprueba la propuesta de directiva seguirá en vigor la normativa actual, que data de 1993, y es “insuficiente”.