La Dirección General de Policía ha remitido a todas las comisarías y dependencias policiales una orden en la que pide a los agentes que dejen de utilizar el término "escrache" cuando hablen de este tipo de acciones contra representantes políticos y se refieran a ellas como "acosos, amenazas y coacciones".

   Según reza el texto de la orden, difundido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y recogido por Europa Press, en "todas las comunicaciones, escritos y diligencias en las que se notifique que se han producido acosos, amenazas y coacciones a representantes políticos, dejará de utilizarse el término 'escrache'".

   De este modo, tal y como señala la orden que con carácter "urgente" ha emitido la Policía, los "escraches" deberán ser denominados por los agentes a partir de ahora "con la acepción castellana correspondiente", entre las que proponen "acoso, amenazas o coacciones".

   Este tipo de acción ha sido utilizada durante las últimas semanas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedirle a los diputados del PP que apoyaran la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, son algunos de los políticos que han sido objeto de un escrache.

SUP: "CRIMINALIZACIÓN MASIVA"

   Por su parte, el SUP considera que "en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, puede haber o no coacciones, amenazas o acoso", y por ello, piden a los agentes que "no imputen ningún acto delictivo sin poder demostrar que se ha cometido", es decir, que esperen a que "el acosado, amenazado o coaccionado" presente la denuncia, porque no hay "garantía de protección jurídica" para actuar antes.

   "Después sumamos los datos policiales, no antes", señala el comunicado emitido por el SUP tras la orden de la Dirección General de Policía, mediante la cual, según asegura el sindicato policial, se está instando a los agentes a imputar delitos de acoso, amenazas y coacciones "en todos los escraches", lo que les obliga a "hacer una comunicación al juzgado" y a "identificar a las personas a las que vamos a acusar".

   Según advierte el SUP, puede ocurrir "con esta criminalización masiva" que un agente haga una denuncia, que "el acosado, amenazado o coaccionado" no la ratifique y que "los denunciados" denuncien por su parte a la Policía por "denuncia falsa". "Los responsables penales de ello serán los policías que firmen la nota, no el  ministro ni el director general", avisan.