La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno que en el plazo de tres meses presente un proyecto de ley que regule un sistema de Renta Mínima Garantizada (RMG) que tenga en cuenta las condiciones familiares y sociales de sus beneficiarios y que complemente a los subsidios que ya ofrecen las diferentes administraciones.
En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara, la coalición argumenta que la "extremadamente difícil" situación en la que se encuentra el país exige "respuesta inmediatas" que "garanticen de manera real y efectiva" unos ingresos mínimos de subsistencia a los ciudadanos.
Y la propuesta que IU-ICV-CHA hace en este sentido pasa por una Renta Mínima Garantizada que "complete en todo el Estado la insuficiente cobertura" de las distintas prestaciones de ingresos mínimos, como "derecho subjetivo exigible ante los tribunales de lo social".
GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA
De hecho, la Izquierda Plural precisa aún más su idea y propone que, para "asegurar los recursos básicos necesarios para garantizar a cada persona una vida digna", esta RMG debería "complementar las ayudas, prestaciones y rentas mínimas actualmente existentes", de modo que se logre "homogeneizar en cualquier parte del Estado" las cuantías que reciben las personas sin recursos y no sustituir unas prestaciones por otras.
En concreto, defiende que el umbral de ingresos para poder acceder a esta renta debe fijarse teniendo en cuenta, de forma ponderada, la situación familiar de los ciudadanos, de modo que se valore si se trata de una persona con hijos o mayores a su cargo, si vive asilada o en qué tipo de entorno habita.
Así, la prestación se calcularía restando los ingresos percibidos y el límite superior establecido en cada circunstancia por el sistema", de modo que las limitaciones antes mencionadas constituyan "el importe máximo de la renta mínima garantizada".
Según IU-ICV-CHA, este sistema debería ser gestionado por las comunidades autónomas con participación de los ayuntamientos y financiado por los Presupuestos Generales del Estado, y junto con la ayuda económica se debería garantizar a los beneficiarios acceso a programas de inserción profesional, laboral y/o social.
"En ningún caso los puestos de trabajo ofrecidos por el programa podrán tener una jornada inferior al 80% de la jornada normal del sector y una remuneración inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", añade la propuesta, que también incluye la posibilidad de que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan completar con ayudas en especie (viviendas en alquiler social, bonificaciones en transporte, agua, gas o electricidad; o acceso a bancos de alimentos) esta prestación económica.
