El Gobierno calcula que la aplicación del Estatuto de la Víctima conllevará un coste de 2.133.472 euros y que los servicios de traducción e interpretación a los acusados durante todo el proceso penal generarán un gasto de 202.085 euros.

   Así figura en la memoria económica que acompaña a ambos proyectos de ley, aprobados el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que transponen al ordenamiento jurídico español sendas directivas europeas que obligaban a dar una mayor protección a las víctimas, así como más información y asistencia de intérpretes a los imputados.

   Respecto a la memoria relativa al Estatuto de la Víctima, a la que también ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno cifra en 1,91 millones de euros el coste máximo derivado del derecho del afectado a recibir la principal información del procedimiento penal. El texto legislativo minoriza este gasto ya que da prioridad a que las comunicaciones se hagan vía correo electrónico.

   No obstante, tomando como base los 5,59 millones de asuntos penales que cada año se tramitan en los tribunales españoles, que un 30 por ciento de las víctimas se acojan al Estatuto y que el 70 por ciento de las comunicaciones se hagan por email, la memoria estima un coste "teórico máximo" de 1.913.387,40 euros anuales.

   El proyecto legislativo permite a los juzgados notificar a las víctimas resoluciones de especial interés -como sentencias o resoluciones que acuerden la prisión o puesta en libertad del agresor-- en su dirección de correo electrónico o, en su defecto, en una dirección postal. Si bien podrán manifestar su deseo de no ser informadas sobre estas cuestiones.

FORMAR A JUECES, FISCALES, POLICÍAS Y MÉDICOS FORENSES

   Por otro lado, el Ejecutivo indica que la medida de evitar la confrontación visual de las víctimas y los testigos con el inculpado no generará un coste adicional pues en la actualidad hay sistemas de videoconferencias que garantizan esa protección. Eso sí, ha cifrado en 18.000 euros el coste de formar en principios de protección a víctimas a los profesionales.

   El proyecto del Gobierno obliga al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía y a las comunidades a dar cursos de formación "general y específica" sobre protección a víctimas a los jueces, secretarios judiciales, Fuerzas de Seguridad o médicos forenses.

   En cuanto al impacto económico del proyecto de ley sobre interpretación en los procesos penales, estima que "no implicaría contrataciones adicionales a lo que ya se viene atendiendo pues ya existe ese servicio en las sedes judiciales". "La incidencia económica entraría dentro de lo que son los contratos de interpretación y, en su caso, traducción, existentes para el ámbito territorial de la Administración de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia", ahonda.

   Así las cosas, precisa que el impacto presupuestario derivado de la transposición de esta directiva europea constituiría un "porcentaje mínimo" que puede oscilar en un 15 por ciento del total de gastos de interpretación, ascendiendo a 202.085 euros.

   Los acusados que no entiendan castellano ni la lengua cooficial tendrán traducción en documentos esenciales o los interrogatorios policiales, fiscales o judiciales y este servicio tendrá prioridad a través medios audiovisuales, como videoconferencia, salvo que sea necesaria la presencia física del intérprete.

   Por último, la mejora de la información a los inculpados durante el proceso penal no supone un coste adicional, pues "se trata de derechos que se podrán garantizar a través del portal de la Administración de Justicia u otro portal al que el Cuerpo de Secretarios Judiciales tenga acceso".