La Abogacía del Estado se ha querellado hoy a instancias del CNI contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como "el pequeño Nicolás", por un presunto delito de injurias, en relación a las declaraciones que este joven realizó en varios medios de comunicación asegurando que había realizado trabajos para el Centro Nacional de Inteligencia, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
La pasada semana la Abogacía del Estado ya presentó un escrito en el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid en el que solicitaba ser tenida como parte en la investigación que se lleva a cabo contra 'el pequeño Nicolás' por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones.
Esa personación se solicitó en defensa de los intereses públicos y de las instituciones del Estado que han podido verse afectadas por la presunta actuación delictiva de este joven.
Con anterioridad, el propio ministro de Defensa había manifestado públicamente que los servicios jurídicos del Estado estaban analizando si las declaraciones públicas de GómezIglesias, eran "constitutivas de algún tipo de infracción o delito" y en tal caso "se personaría en las causas que están inicialmente abiertas" contra él.
"La Abogacía del Estado no investiga. Lo que está haciendo es analizar si estas declaraciones son constitutivas de algún tipo de infracción o delito contra los intereses públicos contra las administraciones contra el gobierno o algunas de las entidades que forman el sector público", precisó el ministro en esa ocasión.
El juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, acordó recientemente la prórroga por un mes del secreto de las actuaciones relativas a la investigación que se sigue contra el "pequeño Nicolás'. La medida se acordó a petición de Manos Limpias, acusación particular en la causa.
El joven de 20 años se encuentra en libertad aunque imputado por ambos delitos. Tras su detención, compareció ante la juez del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por, supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con documentación falsa. Esta juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular instruye las diligencias de origen.
El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa indiciariamente de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Sin embargo, según su defensa, la jueza del número 24 habría rechazado inicialmente la imputación por este último delito.
