El secretario de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, ha reconocido que el conocido como 'caso De Miguel' "afecta al PNV" y la formación jeltzale "sabe, desde que el caso estallara, que un bolardo ha impactado en su carrocería", pero advierte de que no se trata de "una financiación ilícita de partido".
En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale califica además de "tendencioso" que algunas formaciones políticas --"especialmente el PP"-- afirmen que se está ante el "mayor caso de corrupción política existente en Euskadi".
Asimismo, señala que el hecho de que el cierre del procedimiento se haga "cinco años después, a las puertas de una campaña electoral, o que cada uno de los movimientos jurisdiccionales se hayan conocido previamente a través de filtraciones periodísticas", son hechos "objetivos", aunque ello no "empaña la gravedad de los hechos investigados y su trascendencia pública".
Según manifiesta, se trata de una supuesta trama societaria de personas concretas que presuntamente buscaban "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones".
"No se trata, por lo tanto, de un caso del que se desprenda una relación orgánica o una financiación ilícita de partido. Son comportamientos particulares los que han de juzgarse", considera.
Para Mediavilla, afirmar esto "no significa escurrir el bulto" porque el caso, "y no reconocerlo sería engañarse, afecta al PNV". "Bien porque, en el origen, los encausados, o buena parte de ellos, militaban en el PNV, o porque sus prácticas, supuestamente ilícitas, se cometieron o se pretendieron cometer en un ámbito administrativo, en el que el PNV gozaba de una notoria representación", reconoce.
Sin embargo, valora las medidas adoptadas por la formación nacionalista a la hora de articular "las medidas preventivas de apartamiento cautelar de militancia y de responsabilidad pública en el caso del ente foral".
"El PNV sabe, desde que el caso estallara, que un bolardo ha impactado con su carrocería. Desde el primer momento llevó el vehículo al taller para sanearlo. Cambiar el parachoques y restañar los daños para que el coche volviera a funcionar a pleno rendimiento", valora.
A su juicio, afirmar que el caso demuestra que Euskadi no es un oasis en materia de corrupción resulta "evidente", ya que "cualquier ámbito con un colectivo humano es susceptible de actitudes indignas, y Euskadi también".
No obstante, defiende que manifestar que éste es el "mayor caso de corrupción política existente en Euskadi es, cuando menos, tendencioso".
"Numeroso en encausados sí. En relación orgánica con un partido no, y en cuantificación económica delictiva, tampoco. Ni tan siquiera el juez instructor ha sido capaz de cuantificar en su investigación el potencial daño económico causado en miles o millones de euros, sino que se ha limitado a desgranar numerosos contratos, la mayoría menores, hablando igualmente de operaciones virtuales que podrían haberse realizado en el futuro", concluye.
