Los socios de la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo con el gobierno irlandés para que pueda convocar de nuevo un referéndum que permita la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, del que depende la reforma de las instituciones comunitarias.

El acuerdo ofrece una serie de garantías destinadas a disipar los temores expresados por los irlandeses hace un año respecto al impacto que pudiera tener el nuevo tratado en cuestiones tales como la neutralidad de la isla, su ventajoso régimen fiscal, la prohibición del aborto o la protección de los derechos laborales.

Como exigía Dublín, para acallar a los adversarios internos de la repetición de la consulta, las “garantías” tendrán la forma de un “protocolo”, con la misma fuerza jurídica del tratado que se pretende ratificar.

Pero dicho protocolo no será añadido al Tratado de Lisboa hasta que tenga lugar la adhesión a la UE de un nuevo estado miembro, no habrá pues una negociación separada.

En ese momento (adhesión de Croacia o tal vez de Islandia) se aprovechará la ratificación del correspondiente tratado de adhesión para adosar el protocolo irlandés. Esta fórmula aleja el peligro de que se reabra el debate interno sobre el Tratado de Lisboa en aquellos países que lo han ratificado.