El fin de los atentados de ETA hace cinco años ha dejado sin empleo a casi 4.000 escoltas, un colectivo que llegó a sumar 5.500 efectivos y que este mes de noviembre ha visto cómo se despedían a los últimos 109 trabajadores que en el País Vasco y Navarra integraban el dispositivo de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista.
La empresa privada Ombuds Compañía de Seguridad S.A. presentó el pasado 14 de noviembre un ERE --el séptimo-- de extinción para la totalidad de los escoltas de Euskadi y Navarra, una plantilla que llegó a superar los 3.000 efectivos sólo en estas dos regiones.
La Asociación Española de Escoltas (ASES) cifra en 5.500 los escoltas privados que formaron parte de la plantilla contratada por el Ministerio del Interior hasta 2010, cuando se iniciaron los primeros despidos ante la progresiva debilidad de ETA gracias a la eficacia de las operaciones policiales, principalmente en Francia.
En la actualidad quedan unos 350 agentes privados que se suman al millar de escoltas de las fuerzas de seguridad del Estado que siguen prestando protección a personalidades, en cumplimiento del criterio fijado por el Ministerio del Interior.
El Congreso ha tratado diferentes iniciativas para recolocar a los antiguos escoltas que hicieron frente a la amenaza de ETA en puestos de trabajo relacionados con la seguridad de prisiones o para hacer frente a la violencia de género. "A pesar de la buena voluntad de todos los partidos, la realidad es que no han llegado a concretarse en ninguna propuesta firme y de calado", ha asegurado a Europa Press el presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz.
Según sus datos, el 80% de los casi 4.000 antiguos escoltas ha conseguido un nuevo empleo como vigilantes de seguridad o en servicios de protección de altos ejecutivos de empresas. "Quedan otros 350 en una situación personal muy delicada porque no han conseguido reinsertarse en el mercado laboral", precisa el presidente de ASES.
20 ESCOLTAS EN PRISIONES
La última vez que se trató este asunto en el Congreso fue en la Comisión de Interior del 18 de octubre, donde se aprobó una proposición no de ley a favor de la reinserción laboral de los calificados por la diputada socialista Zaida Cantera como "ángeles de la guarda". El PSOE y Ciudadanos criticaron lo que interpretan como un incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, que prometió forzar a las empresas privadas a las que se concedió la seguridad perimetral de las prisiones a que contrataran a antiguos escoltas.
El propio secretario de Estado de Seguridad hasta este 21 de noviembre, Francisco Martínez, defendió hace dos años en el Congreso que uno de cada tres escoltas que protegía a personas amenazadas por ETA se había integrado en este plan del Ministerio del Interior. Negó que se hubiera dejado "a nadie tirado" y habló de un "pacto de caballeros" que se había respetado, aunque advertía que a todos los antiguos escoltas no les había interesado pasar a hacer vigilancia privada. "No es el mismo trabajo", enfatizó.
Según aclara el presidente de la Asociación Española de Escoltas, la realidad es que han sido 20 los antiguos escoltas que han sido reubicados en la seguridad perimetral de las cárceles, un número "simbólico" entre otras cosas porque la ley no puede obligar a empresas de seguridad privada a elegir qué personal contrata para desarrollar este trabajo.
'CROWDFUNDING' PARA LA REINSERCIÓN
Para paliar lo anterior, la Asociación Española de Escoltas dispone en su página web de un proyecto de 'crowdfunding' por el que cualquier persona o entidad puede hacer donativos para respaldar la reinserción de quienes "prestaron con sacrificio, entrega y éxito protección a más de 2.000 cargos públicos y privados frente a la amenaza de ETA".
El objetivo de esta campaña, lanzada hace cuatro meses y presentada a los grupos parlamentarios, es conseguir que estos antiguos escoltas pasen a prestar un servicio de chófer y acompañamiento a personas que lo precisen y que puedan requerir "una especial confianza y experiencia para sus desplazamientos". La ASES cita a menores, víctimas de violencia de género o personas con trabajos en zonas conflictivas como los potenciales beneficiarios.
