La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha comunicado hoy a los familiares de las víctimas del accidente del Yakovlev 42 que su departamento seguirá el dictamen del Consejo de Estado, aunque no sea vinculante para el Ejecutivo.
La ministra se ha reunido con la asociación que agrupa a las víctimas del siniestro, ocurrido en Turquía en 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, y le ha transmitido su máxima disposición a colaborar en sus peticiones.
En el encuentro, Cospedal ha escuchado las reflexiones de los familiares y les ha transmitido su apoyo y el "compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno, y de toda la sociedad española".
La reunión con la asociación de familiares del Yak y sus abogados ha durado, según Defensa, hora y media y ha transcurrido en un clima de "cordialidad y franqueza".
El Ministerio destaca que, con independencia de que los tribunales determinaron en su día que Defensa "no tuvo responsabilidad civil o penal" en el accidente aéreo, el dictamen sí declara la responsabilidad patrimonial del Estado, indemnizaciones que ya fueron sufragadas.
No obstante, el dictamen señala también que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la administración pública "no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa".
Es decir, que la responsabilidad patrimonial del Estado no requiere más requisito que el daño se haya producido en relación con sus funciones pero sin que tenga que llevar aparejada "ilicitud, culpa o negligencia".
De este modo, el Consejo de Estado admite, como ya lo hizo la Audiencia Nacional, el archivo definitivo del procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte.
Sin embargo y frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la agencia de la OTAN con la que Defensa había acordado delegar la gestión de los transportes de tropas, NAMSA, el dictamen entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.
Se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en este tipo de transporte de las tropas.
