El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid (TSJM) incoa diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por una actuación en Mercamadrid realizada en 2013, cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital.

Dancausa y los otros quince señalados por el auto, todos miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en el momento de la operación denunciada, son calificados en la instrucción como investigados.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia el pasado mes de abril ante el Juzgado Decano de Instrucción contra 16 personas, entre ellas Concepción Dancausa, el hermano del expresidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González o el director general de Seguridad de la Comunidad Enrique Núñez.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha incoado diligencias previas por un presunto delito societario contra Dancausa, Pablo González, Enrique Núñez, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

A todos ellos se les ha dado traslado de la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial de Madrid, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado.

LA DENUNCIA DEL AYUNTAMIENTO

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, presentaron hace un año ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en la sociedad mixta Mercamadrid, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento.

En su denuncia, la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla, "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional".

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Mercaocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349, 51 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras.

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 por ciento superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

En ese extenso informe municipal, recogido por Europa Press, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio anual" de Mercamadrid", señalaba la denuncia.

Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".

DAÑO PATRIMONIAL DE 11 MILLONES

Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó semanas atrás el concejal.

En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones como la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros.