La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) la querella contra el presidente de la Generalitat y los miembros de su Gobierno por la firma de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y pide fijar medidas cautelares --incluyendo fianzas-- para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias. Entre los delitos que la Fiscalía atribuye al Gobierno catalán se encuentran el de la malversación de caudales públicos que conlleva penas de prisión.
En la querella presentada este viernes, recogida por Europa Press, la Fiscalía pide al TSJC que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados", incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.
El fiscal considera que el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Gobierno regional que firmaron el decreto de convocatoria pudieron cometer los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, y pide a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir el referéndum.
Entre estas medidas se incluye la retirada de urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales y elementos informáticos, y además el fiscal pide que --si es necesario-- se dé autorización para la entrada y registro en domicilios y otros recintos que requieran orden judicial.
PIDE EL CIERRE DE LA WEB DEL REFERÉNDUM
La fiscalía también pide como medidas cautelares que se cierre la página web de organización del referéndum garanties.cat, que se dirija un oficio a los directores de medios para que no incluyan propaganda institucional por el referéndum en su programación y publicaciones, y que se aperciba a todos los alcaldes catalanes para que impidan que se facilite cualquier recurso material o personal para hacer el referéndum.
El fiscal pide estas medidas porque la conducta de los querellados para impulsar el referéndum se acerca "casi a la frontera de la evidencia o flagrancia delictiva".
LA CONDUCTA DE LOS QUERELLADOS ROZA LA "FLAGRANCIA DELICTIVA"
"Parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referéndum que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional", afirman, asegurando que, si no se toman las medidas, se podría alcanzar la fase de agotamiento delictivo.
En su escrito, el fiscal afirma que los miembros del Gobierno catalán "violaron frontalmente" los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del referéndum de autodeterminación con los decretos de convocatoria de referéndum y de normas complementarias, ya suspendidos por el alto tribunal.
