La entrada en vigor de la ley sobre Seguridad del Gobierno de Silvio Berlusconi, que considera la inmigración ilegal como delito y que autoriza las rondas callejeras de ciudadanos voluntarios, causó ayer las primeras detenciones, mientras se mantienen las posturas encontradas sobre su aplicación.

Fuentes de la jefatura de policía de Pescara (centro-este), confirmaron a Efe que la Policía arrestó a dos personas de nacionalidad marroquí en situación irregular en Italia, que serán procesadas el próximo lunes.

A estas detenciones se suman numerosas denuncias durante la noche interpuestas contra inmigrantes ilegales en ciudades como Bolonia, Milán o Sanremo, informaron los medios italianos.

En materia de inmigración, la nueva ley prevé multas de entre 5.000 y 10.000 euros (de entre 7.095 y 14.190 dólares) a los inmigrantes sin papeles, así como un proceso ante el juez en el que las personas en situación irregular podrán ser expulsadas de Italia de forma inmediata.

Asimismo, se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas.

Precisamente, este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Diputados, ya que la oposición advirtió del riesgo de que algunas madres no pudieran inscribir en el censo a sus hijos, al carecer de documentos.

La nueva disposición también contempla penas de cárcel de entre seis meses y tres años para aquellos italianos que alquilen una casa a inmigrantes indocumentados y endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio con un ciudadano de este país.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, que ayer se encontraba en Bélgica para conmemorar el 53 aniversario del incidente en una mina en la que fallecieron 136 italianos, declaró que esa experiencia demuestra la necesidad de “respetar al inmigrante” y de “integrarles garantizando la seguridad”.

Otro de los puntos que causó mayor polémica ha sido la introducción de rondas para vigilar las calles, una medida que muestra la preocupación que la seguridad supone para el Gobierno de Silvio Berlusconi y, sobre todo, para sus socios del Ejecutivo de la federalista Liga Norte (LN), principal impulsora de la medida.

El voluntario que desee patrullar las calles de Italia no podrá tener antecedentes penales, no podrá pertenecer a asociaciones que inciten a la violencia o a la discriminación, y deberá superar un curso organizado por las entidades locales.

La nueva ley –paquete de seguridad–, fue aprobada por el Parlamento el pasado 2 de julio, no sin polémicas, ya que la introducción del delito de inmigración clandestina encajó las críticas de la oposición, de la Iglesia y del presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano.

La nueva disposición cuenta con mayor apoyo entre los Ayuntamientos del norte que entre los del sur. Así, el teniente de alcalde de Nápoles manifestó ayer que esta ciudad apoya que “la seguridad y la legalidad sean responsabilidad de las fuerzas del orden”.

Mientras, el alcalde de Verona subrayó que, durante los últimos nueve meses en los que se han puesto en marcha una serie de pruebas con rondas ciudadanas en esa localidad, se han obtenido “óptimos resultados”.

El portavoz del partido de Berlusconi señaló que las medidas en materia de seguridad dispuestas por el Ejecutivo “darán óptimos resultados a breve término”.