El nuevo Gobierno de Yukio Hatoyama abrirá un “debate público” sobre la pena de muerte en Japón, que las asociaciones defensoras de los derechos humanos esperan implique una moratoria de las ejecuciones.

Japón es con EEUU el único país desarrollado que mantiene en su sistema legal la pena de muerte, que se aplica siempre en la horca, en secreto y sin aviso previo al preso, entre fuertes críticas de los activistas pero con un mayoritario apoyo ciudadano.

En 2008 quince presos fueron ejecutados y en lo que va de año son ya siete pero ésto podría cambiar con la nueva ministra de Justicia, la abogada progresista Keiko Chiba, integrante de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte y detractora de este sistema.

Chiba abogó ayer por “un amplio debate público” sobre la pena capital, y dijo que gestionará “con extremo cuidado” esos casos que “afectan a la vida de las personas” y competen a su cartera.

Keiko Chiba es una abogada especializada en derechos humanos y senadora ex socialista que incluyó en su propia página web la pena capital entre la lista de cosas que le gustaría eliminar durante el siglo XXI, aunque reconoce que evita crímenes.

“Es una buena amiga nuestra”, aseguró hoy a Efe un portavoz de Amnistía Internacional (AI), que se mostró satisfecho con las primeras declaraciones públicas de la ministra pues “recogen todas nuestras preocupaciones”.

“Esperamos que Chiba pueda introducir una moratoria para iniciar un debate público” que acabe desembocando en la abolición del este castigo en Japón, indicó ese portavoz de AI.