La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se reunirá este jueves por la tarde tras las denuncias de Ciudadanos por las polémicas suscitadas en torno a algunos de sus cargos públicos a raíz de las mociones de censura presentadas en Murcia y en Castilla y León.
Por un lado, la moción de censura que el PSOE y Ciudadanos presentaron en la Asamblea de Murcia fracasó después que el PP concitara el apoyo de tres diputados de Ciudadanos críticos con la iniciativa y de otros tres expulsados de Vox.
"Una situación deleznable que encaja perfectamente con la definición de 'tránsfuga' recogida en el Pacto recientemente suscrito también por el PP y flagrantemente incumplido", subrayan desde la formación de Inés Arrimadas.
Pero también, y con vistas a la moción de censura que el PSOE defendió esta semana en Castilla y León, se habló del caso de una procuradora que abandonó el grupo de Ciudadanos, también descontenta con las directrices de la dirección.
Fue en este contexto en el que Ciudadanos pidió al Ministerio de Política Territorial una reunión urgente del Pacto Anti-Transfuguismo para intentar "frenar la compra de voluntades de PP y PSOE".
Para analizar estos asuntos, se ha convocado una reunión presencial de la comisión de seguimiento el próximo jueves por la tarde, día 25 de marzo, en dependencias del Congreso.
NUEVAS ADHESIONES Y REFORMAS
En el orden del día enviado a los partidos, al que ha tenido acceso Europa Press, también se incluye hacer un repaso de las adhesiones al pacto antitranfuguismo que están pendientes de resolución. Y es que el acuerdo lo suscribieron en 1998 una docena de formaciones pero la nómina apenas se ha actualizado y, hasta julio de 2020, la comisión de seguimiento llevaba diez años sin reunirse. A lo largo de estos años han surgido nuevas formaciones políticas con relevante presencia parlamentaria que aún no se han incorporado.
Otro punto será estudiar las propuestas para integrar el comité de expertos que se acordó crear en la última reunión del pacto, el pasado noviembre, para estudiar reformas legales para extender la aplicación del acuerdo al Congreso, el Senado y otras instituciones.
