El alcalde de Estepona ya ha decretado el pago de la tasa por el servicio de alcantarillado correspondiente al ejercicio 2009. Una cuantía que saldrá del bolsillo de los esteponeros por un montante total de 682.280 euros, que el alcalde probablemente destinará a poner esculturas, pagar sobresueldos, entregar subvenciones a personas afines y echar hormigón, que es lo único que está haciendo desde que llegó a la alcaldía.
Otra mentira más del alcalde de Estepona, José María García Urbano. Un personaje que le ha cogido el gusto a mentir y unido a un cinismo preocupante, firma un decreto cuando precisamente él y su equipo de gobierno se manifestaron cuando estaban en la oposición e incluso hicieron el teatro de salir a la calle y protestar con los vecinos. Una actitud engañosa, circense y de una doble moral solo acta para personas sin ética, sin moral y sobre todo, sin escrúpulos.
Una tasa de alcantarillado que el ilustre, erudito y mano derecha de Urbano, Manuel Aguilar justifica con que era algo aprobado por el PSOE y si no lo llevan a cabo incurrirían en un delito. Señor Aguilar, de verdad cree que sus vecinos, sus conciudadanos son tan ignorantes como para creerse lo que dice. Seguramente si, porque si es osado para decir delante de un juez que llamó a los miembros de la lista del ERE por humanidad y compañerismo, después de esa burda afirmación ya ha puesto el umbral de la mentira imposible de alcanzar.
Esteponeros, este es el alcalde que no duerme por la situación de los parados. Este es el que dirige una ciudad sin sensibilidad con las familias menos pudientes, que solo piensa en fracturar las clases sociales y enriquecer a unos pocos. Y todo ello a cambio de unos metros de hormigón en calles puntuales cuando numerosas barriadas se caen a pedazos y el firme es un peligro para los viandantes.
Y para completar la ineptitud de un alcalde y un equipo de gobierno a los que les viene grande el pueblo de Estepona, los continuos robos y actos vandálicos que se están extendiendo en el municipio y cuya seguridad deja mucho que desear. Cabe recordar que los vigilantes de seguridad pasaron de veintiuno a diez con el ERE. Una muestra más para todos, incluido el juez de instrucción que falló contra los despedidos, de que el ERE desvergonzado de Urbano mermaba los servicios a la ciudadanía.