Regantes de Doñana rechazan las permutas porque no es una "solución posible ni viable"

Los regantes que aspiran a regularizar sus fincas de regadíos en la Corona Norte de Doñana consideran que "no es una solución ni posible ni viable" el que se les permuten sus terrenos por otros fuera del preparque, como esta semana ha propuesto el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

En declaraciones a EFE, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que aglutina a agricultores de Moguer, Bonares, Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Almonte, ha indicado que "las familias lo que quieren es recuperar las tierras que son heredadas de sus antepasados, de sus abuelos o de sus padres, y que fueron compradas con mucho esfuerzo para poder ganarse la vida y poder cultivar".

Esas tierras son las protagonistas de la proposición de Ley para la reordenación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana que, a propuesta del PP y Vox, se está tramitando en el Parlamento de Andalucía.

"Lo que quieren es cultivar cuando llegue el agua en superficie y si lo desean pueden también no hacerlo en el ejercicio de su libertad o ceder los derechos de agua cuando la proposición de Ley esté aprobada y se haga el cambio de la clasificación de suelo", ha dicho.

Lo que, a su juicio, "no es técnicamente viable ni posible, ni queremos es que haya una permuta de terreno; estamos fuera del espacio natural los cinco municipios viven fundamentalmente de la agricultura y no se dan las condiciones en otras zonas de Huelva ni fuera para trasplantar esta agricultura tradicional de más de 60 años, por lo tanto, no es una solución posible ni viable para nosotros".

Por otra parte, ha denunciado lo que considera una rueda de prensa "fake", en relación a la que ofrecieron ayer representantes de la organización WWF en la que cifraron en 1.907 hectáreas la superficie que podría ser legalizada con la proposición de Ley que se tramita en el Parlamento.

Díaz ha indicado que WWF fue "copartícipe del error del drama social que se está viviendo en la zona cuando en el año 2014 participaron en la regularización de esas 9.430 hectáreas dejando a cientos de familias fuera".

Una coparticipación que se refleja también, ha añadido, "con su silencio ante las políticas fallidas que se han ejecutado entorno a Doñana y las que faltan, responsabilidades del Gobierno de España durante dos décadas y que han devenido la sentencia europea y en la situación en la que está Doñana".