Sin investidura del próximo presidente y sin gobierno a la vista, el atípico comienzo del curso político en Andalucía apunta ya a tres grandes asuntos que auguran un otoño-invierno difícil para la economía y caliente para el debate: la sequía, la ley de regadíos en Doñana y la financiación autonómica.

Inevitablemente, Andalucía y el Gobierno del popular Juanma Moreno tendrá que mirar aún más al cielo y las previsiones meteorológicas a partir de otoño y confiar en que llegue la ansiada lluvia, cuya escasez amenaza a la economía, al empleo y a sectores clave como la agricultura, el turismo y el medio ambiente.

La persistente sequía que padece la comunidad se ha convertido en problema prioritario del Gobierno andaluz, que baraja restricciones y límites al uso del agua para el "riego, el baldeo de calles, el llenado de piscinas y el riego de jardines" si no llueve.

El consumo humano está garantizado en las grandes ciudades al menos durante un año, calcula la Junta, en una comunidad en la que los cortes de suministro aumentan, especialmente en municipios agrícolas, y el agua de los embalses disminuye hasta porcentajes muy preocupantes.

UN TRATO ESPECIAL

Con este preocupante escenario, el presidente Juanma Moreno anunció que acudirá en septiembre a Bruselas para plantear a la Comisión Europea que conceda a Andalucía un "trato especial" como región más seca de Europa.

Su intención es que se reprograme una parte de los fondos europeos ya concedidos para dedicarlos exclusivamente, de forma finalista, a obras e inversiones hídricas, especialmente para la agricultura y la ganadería.

Además, la Junta tendrá una oportunidad de oro a final de septiembre, cuando se reúna en Málaga la Comisión la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones, donde pedirá que se reconozca la “singularidad hídrica de Andalucía” y que cuente con un trato diferencial en materia de financiación.

Los negativos datos que maneja la Junta indican que si el año que viene no llueve y se prolonga la sequía el PIB andaluz podría caer siete puntos, casi como en la pandemia, y se podrían perder hasta 145.000 empleos, según algunos estudios a los que da credibilidad.

En paralelo, la Junta no ha parado de denunciar el "agravio" y los "incumplimientos" del Gobierno de Sánchez a la hora de acometer obras hidráulicas comprometidas que considera vitales para aumentar la capacidad hídrica de la comunidad, situación que intenta paliar con los distintos decretos de sequía aprobados en las cuencas que son de su competencia.

DOÑANA BAJO LA LUPA

En el centro de la acuciante sequía el paradigma de Doñana y la ley que regulariza regadíos seguirán en el punto de mira, bajo la lupa de la polémica nacional e internacional, en un debate antagónico y de confrontación entre la Junta y Gobierno en funciones.

A finales de septiembre o mediados de octubre la propuesta de ley del PP apoyada por Vox, que regulariza más de 700 hectáreas de suelo para regadíos con agua superficial en el entorno de Doñana será aprobada por el Parlamento de Andalucía, una norma rechazada por científicos, ecologistas, partidos de izquierda, la UE y la UNESCO que acabará en el Tribunal Constitucional (TC).

El PP-A confiaba en una victoria clara de Alberto Núñez Feijóo en las pasadas elecciones para contar con el apoyo del Gobierno central, pero el 23J ha complicado este escenario y, si no retrasa de nuevo la aprobación de la ley de regadíos, la Junta tendrá como respuesta el recurso al TC del actual Gobierno en funciones.

En su tramitación parlamentaria solo han participado el PP-A y Vox, ya que los partidos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante) se negaron al esgrimir que la ley que "amenaza y pone en peligro" a Doñana debe ser retirada en su totalidad.

EL NUEVO Y DEMORADO MODELO DE FINANCIACIÓN

En materia de financiación autonómica, en plena negociación de Pedro Sánchez con grupos independentistas catalanes y vascos, Andalucía ya ha encendido la luz roja y ha advertido de que será beligerante y no permitirá discriminación ni "agravios".

La espita de la financiación autonómica, que los gobiernos de PP y PSOE han intentado no abrir demorando el debate por el conflicto territorial que supone, se presenta como uno de los enfrentamientos candentes del nuevo curso y de 2024.

No será la primera vez para el Gobierno andaluz de Moreno, que ya encabezó un frente común con la Comunidad Valenciana (entonces gobernada por el socialista Ximo Puig) y la Región de Murcia, para pedir una renovación del modelo que acabe con las "injusticias", ya que son las tres peor financiadas.

Andalucía sigue reclamando un cambio en el reparto de fondos por población, ya que cifran en 1.000 millones lo que pierde cada año, y urge a establecer ya un fondo de compensación, mientras se apruebe o no el modelo.

El Ejecutivo andaluz rechaza de lleno cualquier negociación bilateral con Cataluña y exige que el debate se lleve a cabo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre todas las comunidades autónomas.