El vicesecretario político del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Huelva, Daniel Hernando; el secretario de organización de CCOO, José Manuel Valderas, y dos personas más están citados a declarar este viernes a las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 3, en relación a los actos realizados durante la última huelga general, el pasado 14 de noviembre, después de que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional informara de oficio a los juzgados sobre los hechos acontecidos durante esa jornada, motivo por el que se le solicita una sanción que podría ascender a los 60.000 euros.

En rueda de prensa, Hernado, acompañado por la integrante del secretariado provincial de CCOO, Julia Perea, y el secretario de Acción sindical de UGT, Rafael González Mallofret, para presentar un manifiesto "contra la represión" en la provincia, ha indicado que "son 13 los compañeros" que han sido citados a declarar, afiliados a UGT y CCOO, indicando además que "algunos de ellos ni se encontraban en el lugar de los hechos".

En cuanto a los mismos, Daniel Hernando ha insistido en que son "falsos" los hechos que le atribuyen y que aparecen en la iniciación del expediente sancionador emitido por la Subdelegación del Gobierno y que dice que "dirigió al grupo de personas que se abalanza contra un agente de la Policía" en el edificio de la Delegación provincial de Hacienda, Educación, Agricultura y Pesca de la Junta. Sin embargo, Hernado asegura que "sufrieron una carga policial y fueron receptores de la misma sin hacer nada".

Cabe recordar que en un principio se interpuso una denuncia vía administrativa por estos hechos, por los que se le propuso una sanción de 60.000 euros, sanción por la que desde el PCA presentaron alegaciones.

En estos momentos, la vía administrativa ha quedado paralizada, manteniendo la sanción, a expensas del proceso judicial, según señala Hernando.

Ha recordado que presentó alegaciones contra esta propuesta de sanción puesto que "nada de eso se produjo", según ha asegurado, al tiempo que ha criticado que "una veintena" de miembros del PCA en Huelva se hayan visto afectados por procesos sancionadores con diversas cuantías, que oscilan los 300 euros.

Por su parte, Julia Perea ha remarcado que cuando hay algún conflicto laboral y los trabajadores "se concentran, se haya pedido permiso o no para ello, aparece automáticamente la Guardia Civil", algo que considera "una medida intimidatoria".

González Mallofret ha lamentado que "hay bastantes afiliados de UGT afectados sin motivo aparente y por el mero hecho de estar en la calle manifestándose".

MANIFIESTO
En el manifiesto, al que Hernando ha dado lectura, las organizaciones, colectivos e instituciones firmantes, como IULV-CA, PCA, CCOO, UGT, el Colectivo de Estudiantes en Movimiento (CEM), Estudiantes Críticos Onubenses (ECO), la Unión General de Trabajadores (UGT); Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) o el Foro por la Memoria de Huelva, entre otras, señalan que la situación económica, política y social actual "bajo la falsa denominación de crisis, está permitiendo que el Gobierno destruya las conquista sociales y económicas a través de recortes, privatizaciones, rescates a la banca, debilitación de la democracia y vulneración de los derechos fundamentales de las personas" con el objetivo del "mantenimiento o aumento de los beneficios de una minoría a costa de las clases populares".

En este sentido, remarcan que la respuesta ha sido "un alto grado" de contestación social y de resistencia a estas medidas antisociales, que ha ido aumentando por parte de la ciudadanía en general y muy particularmente por las asociaciones, movimientos sociales, colectivos, partidos de la izquierda y sindicatos de clase. 

Lamentan a su vez que, ante esta movilización de la ciudadanía y de los trabajadores para evitar seguir pagando las consecuencias de una estafa financiera de la cual "no tienen responsabilidad ninguna", la respuesta del Estado ha sido "la represión y la criminalización de todo actor social dispuesto a alzarse en contra de las medidas antisociales".

Por todo ello, han manifestado que las personas sancionadas realizaban una actividad militante "consecuente con la democracia, los derechos humanos, sociales y políticos, no equiparables en modo alguno a conductas delictivas o sancionables, sino que al contrario conforman el mínimo exigible para que un país pueda considerarse democrático" y critican que se están imputando "delitos inexistentes" a personas que no se encontraban en el sitio cuando supuestamente ocurrieron los hechos imputados.