El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha sobreseído provisionalmente la causa contra el exdirector de la cárcel de Huelva, Francisco Sanz, ya fallecido, y otros funcionarios del centro, por presuntos sobornos y tratos de favor a narcotraficantes que cumplían condena en esta prisión.
Los hechos se destaparon en diciembre de 2011 cuando algunos de estos narcos denunciaron los hechos, lo que motivó la destitución de Francisco Sanz como director, después de 14 años, por "pérdida de confianza".
Instituciones Penitenciarias remitió al caso a la Fiscalía para que determinara si había o no indicios de delito en los hechos denunciados y, tras su investigación, solicitó al juzgado instructor el archivo del caso porque "los hechos no habían sido acreditados".
Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras la petición del fiscal el juez ha ordenado el archivo "provisional" de la causa en la que se acusaba a los denunciados de una serie de delitos, entre ellos, prevaricación y cohecho que ya habrían prescrito.
Las mismas fuentes han señalado que uno de los cinco imputados ha recurrido el auto judicial de sobreseimiento y ha solicitado que el archivo sea definitivo, ya que el hecho de que sea provisional implica que si llegasen pruebas nuevas se podría reabrir bien a petición de la Fiscalía o por el propio juzgado.
Según ha avanzado el diario digital www.pagina3huelva.es el auto del juzgado instructor señala que "si bien de las declaraciones de algunos funcionarios del centro se deduce que el exdirector y un jefe de servicio, M.B. podían haber procurado tratos de favor a ciertos internos o haberlos procurado en aquellos casos que la decisión debía de ser convalidada por la Junta de Tratamiento u otros órganos penitenciarios, no se han podido probar".
Respecto a los supuestos cobros por beneficios o privilegios a algunos internos, los mismos narcotraficantes que denunciaron los supuestos delitos a Instituciones Penitenciarias, como Anselmo Sevillano, F.E.A. (familiar del anterior) o F.G.N. -imputados hasta en la causa junto a los funcionarios y a la representante de una ONG-, han negado los hechos en sede judicial o han decidido no declarar.
