Los 13 concejales que conformaban el equipo de Gobierno del PSOE en Almonte en 2009, con el alcalde Francisco Bella a la cabeza, serán juzgados por los delitos de prevaricación y fraude en la contratación en relación con la compra del campo de golf de Matalascañas.
La Sección Tercera de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, ha confirmado el procesamiento de estas personas y de cinco empresarios imputados en la causa al desestimar los recursos presentados contra el auto de transformación en procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción número 3 de la Palma del Condado (Huelva) de septiembre de 2013.
Considera la Audiencia que el auto del juzgado "aporta una serie razonamientos suficientes para justificar la decisión adoptada por el instructor".
Con respecto a la petición de determinadas diligencias por parte de los recurrentes, las Audiencia estima que estas pueden desarrollarse en juicio oral.
La decisión de la Audiencia Provincial confirma el procesamiento de todos los imputados por este caso, al margen incluso de las consideraciones del Ministerio Fiscal que, adhiriéndose a la petición de las defensas, solicitó el archivo de la causa por considerar que no había quedado acreditado que los hechos objeto de la instrucción sean constitutivos de delito.
El procesamiento es consecuencia de la denuncia presentada el 7 de marzo de 2012 por el actual equipo de Gobierno del PP, centrada en el acuerdo de pleno de 8 de abril de 2009 de permuta de parcelas y adquisición de participaciones sociales de Exclusivas Doñana S.L, por el que el Consistorio se quedaba con las instalaciones de golf a cambio de parcelas en El Rocío.
Un acuerdo que, considera el PP, se adoptó "al margen del procedimiento legalmente establecido y en cumplimiento del protocolo suscrito en noviembre de 2008 con el Ayuntamiento de Almonte".
La denuncia se formuló contra Bella y los doce miembros de su equipo de Gobierno que votaron a favor de los acuerdos y otras cinco personas en calidad de vendedores del campo de golf.
El PSOE en el Ayuntamiento de Almonte hizo efectiva la compra a finales de 2008 a pesar de contar con el rechazo del PP y de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, ya que consideraban un fraude la venta al entender que la única beneficiaria era la empresa y los grandes perjudicados los vecinos.
