María del Rocío Huelva tiene 61 años y es ama de casa. Su marido Juan, de 63, trabaja en el campo y cobra "unos 500 euros al mes". Junto a ellos, viven dos hijos y un nieto en una vivienda de alquiler social de Caja Rural, la misma de la que fueron desahuciados en febrero de 2015 y la que tendrán que abandonar cuando se cumplan los tres años del citado alquiler social. Cuando se cumpla ese plazo, María del Rocío y su familia quedarán en la calle, pero con el agravante de una deuda de 30.000 euros que pagar al banco.

Es un caso más de las exigencias de las entidades financieras cuando sus clientes hipotecados no pueden hacer frente al pago de la vivienda. Un caso más del doble castigo que supone perder la casa y seguir, pese a ello, endeudado de por vida. Para tratar de evitar esa condena duplicada, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva (PAH Huelva) ha iniciado una sonora reivindicación en la sede central de la Caja Rural en la capital onubense, en la céntrica calle Plus Ultra.

Como explica la propia afectada y otros representantes del colectivo a Viva Huelva, en febrero de 2015 Caja Rural llevó a cabo la ejecución hipotecaria, "y en la PAH conseguimos el alquiler social de la misma vivienda durante tres años", del que ya se ha cumplido uno. La lucha de la PAH es clara: evitar por todos los medios que María y Juan tengan que asumir la deuda de 30.000 euros: "Es una deuda injusta e ilegítima, que creemos que ya quedó saldada con la entrega de la vivienda y todas las cuotas que ya se pagaron". Hasta el momento, según indican desde el colectivo, la actitud de la entidad bancaria ha sido de "negativa total" razón por la que "rompimos las negociaciones". "Ante desahucio, deuda cero", concluyen los activistas.