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Martes 26/11/2024
 
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Huelva

El acceso al agua, principal problema en los asentamientos

La UHU constata en un estudio para Cáritas la “falta de recursos” y la “vulneración de derechos humanos” en las chabolas onubenses

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  • UHU y Cáritas presentan un estudio sobre los asentamientos. -

Cuando Sadou Cisse salió de Burkina Faso huyendo de la guerra no imaginaba que, por “vergüenza”, tendría que ocultar a su familia las condiciones en las que vive desde que alcanzó su destino.

Durmiendo entre plásticos y cartones, Saodu llegó, incluso, a vivir en un cementerio en Jaén mientras luchaba sencillamente por ganarse la vida.  

“Algunos se piensan que venimos para aprovecharnos del sistema pero venimos para trabajar como cualquier persona, todos los que están aquí son jóvenes que tienen derecho a vivir como cualquier persona”, asegura Sadou.

La historia de este inmigrante ilustra una realidad que este martes han perfilado con más detalle Cáritas Diocesana de Huelva y la Universidad de Huelva durante la presentación de un estudio que constata la vulneración de derechos humanos que se da en los asentamientos onubenses.

El informe ‘Análisis de la situación de salud de los inmigrantes de los asentamientos de Huelva’ ha sido elaborado por el Grupo de Investigación Higia, perteneciente al Departamento de Enfermería de la Onubense, por encargo de Cáritas Diocesana para identificar las necesidades sociosanitarias de las personas que viven en estos poblados chabolistas.

Según ha resaltado el técnico de Cáritas Juan Manuel Breva, la “precariedad” de estos asentamientos se concreta en “la falta total de recursos de primera acogida, la carencia de alojamiento alternativo y la vulneración de los derechos humanos” como el acceso al agua, el saneamiento, la participación social o la protección social.

Francisca María García Padilla, investigadora principal del grupo Higia, explica que el estudio se la realizado a través de observación y encuestas realizadas a 221 inmigrante en 23 asentamientos. Este trabajo les ha permitido comprobar que los asentamientos son “lugares aislados, inseguros e insalubres”.

Las “condiciones de pobreza” que se viven en estos poblados, asegura la investigadora, “se asemejan a un entorno de un país en subdesarrollo dentro de una sociedad avanzada como es la onubense”.

Los investigadores han podido constatar que “el problema básico principal” de esta población es la dificultad de acceso al agua potable así como que las “condiciones paupérrimas de estas chabolas son un determinante importante para la salud” de sus habitantes.

Para los inmigrantes que viven en estos asentamientos, revela el estudio de la Onubense, “el principal temor” es la alta probabilidad de incendios.

El estudio, explica García Padilla, desvela también que los inmigrantes que habitan en estos asentamientos realizan “un uso limitado de los recursos sanitarios”, principalmente en caso de urgencias. A pesar de las condiciones en las que viven, dice la investigadora, los inmigrantes encuestados tienen “una autopercepción positiva de su salud”. Con una medida de edad joven en el colectivo, las principales enfermedades que declaran guardan una estrecha relación con el contexto en el que viven, en concreto los dolores osteo-articulares y traumatismos.

En el ámbito social, el informe constata que “la gran mayoría de estas personas viven de lo que ganan y hacen un escaso uso de los recursos públicos y privados”. Además, en torno al 50% de los encuestados tenían su situación regularizada.

En base a este diagnóstico realizado por la Universidad de Huelva, Cáritas propone la puesta en marcha de una serie de medidas que contribuyan a paliar la situación en la que viven estos inmigrantes, medidas que propondrán este miércoles al Foro provincial por la Inmigración.

Breva explica que es necesario aplicar “medidas de choque” para la limpieza de los asentamientos y el abastecimiento de agua potable, que en la mayoría de los casos los inmigrantes tienen que hacer reutilizando bidones vacíos de productos tóxicos fitosanitarios.

Además, piden la puesta en marcha de alternativas de alojamiento reales, que los municipios faciliten la posibilidad de empadronamiento y que comience una reflexión sobre el procedimiento de regularización administrativa de estas personas.

 

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