La diputada de Igualdad, Yolanda Caballero, ha lamentado que el anteproyecto de reforma de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local supone una "discriminación" para las mujeres del mundo rural, toda vez que el mismo plantea eliminar las competencias de los ayuntamientos en materia de Igualdad.

   Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press Caballero, que ha explicado que "los primeros efectos del anteproyecto atentan contra la democracia paritaria", toda vez que las concejalías de Igualdad son un ámbito a través del que las mujeres "pueden acceder a la participación pública". Además, "la mayoría de las mujeres no son retribuidas por el ejercicio de sus cargos en estas áreas", con lo que no supone un gasto para las arcas municipales.

   La diputada ha hecho alusión así a que "se va a suprimir el artículo 28 de dicha Ley", que hace referencia a que "los Ayuntamientos pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente".

   De esta forma, Caballero ha reflexionado que la supresión de consistorios de los pequeños municipios "mermará los servicios sociales con una especial incidencia en las políticas en materia de Igualdad". Considera que "se dificultará el cumplimiento de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, cuyo artículo 19, para la asistencia social integral, exige la concurrencia de los ayuntamientos", ha apostillado.

   En esta línea, ha criticado que los consistorios "se van a quedar casi sin competencias, pues éstas quedarán limitadas a las administraciones con núcleos de población mayores de 20.000 habitantes". En concreto, en la provincia de Jaén poseen una cifra de vecinos menor de la indicada un total de 91 municipios, si bien 68 de ellos tienen menos de 5.000 personas.

   Asimismo, la diputada asegura que la Ley de Bases de Régimen Local existente hasta la fecha define la función de todos los ayuntamientos en cuanto a la prestación de servicios sociales y reinserción social. Sin embargo el anteproyecto de ley propuesto reserva a los consistorios la "mera evaluación e información", pues "la titularidad de competencias en servicios sociales pasa a la comunidad autónoma, que decidirá cómo se racionalizan los servicios".

   Por otra parte, ha hecho alusión a que la nueva ley es "el ataque más importante al municipalismo que se ha hecho en la historia de la democracia", si bien "cuando se intenta culpar a los ayuntamientos y a los alcaldes de la situación de crisis económica tan grave lo que se está haciendo es demonizar la política local y aumentar la brecha entre la ciudadanía y la política".

   Por último, Caballero ha expuesto que esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local y ha expresado que con esta reforma se conseguiría que la prestación de servicios en políticas de Igualdad "pase a ser algo que dependa de la buena voluntad o no de la comunidad autónoma", con lo que se trata de "un paso que retrotrae 40 años atrás".