Hay datos, que por mucho que se pongan en relieve, no nos cuestionan. Lo que FOESSA-Caritas ha ido narrando, concretamente desde el VI Informe, muestran que la exclusión social y la desigualdad, han ocupado espacios inamovibles en determinadas capas sociales y ahí se han fijado, profundizando una herida y provocando dolor y marginación social.
La crisis del 2008, destruyó el suelo quebradizo de una España en bonanza, pero con un empleo precario que era una quimera, un empleo trampa, que desdibujaba una economía basada en la pura especulación. Esa tremenda crisis fue consecuencia de un modelo económico y en él seguimos. Y es que lo que en ella aconteció, sigue ocurriendo: lo que se pierde en términos de inclusión social, no se recupera al mismo ritmo y además se pierde definitivamente para ciertas capas sociales. Las recetas de austeridad de aquella época, no permitieron la recuperación de esas familias, porque la austeridad no es neutral, favorece a unos y deja caer a otros. Las consecuencias de las crisis económicas son siempre selectivas.
FOESSA mide 37 indicadores que abarcan a la economía, los derechos a la salud, la vivienda, la educación, la participación política y la situación relacional de las familias. Por tanto, la exclusión social consiste en una acumulación de dificultades en diferentes dimensiones, importantes y básicas para la vida de una persona.
El “ESTUDIO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y EL IMPACTO DEL COVID-19 EN ANDALUCÍA”, realizado por la Fundación FOESSA, para Cáritas Andalucía, nos muestra niveles de desigualdad, que el COVID-19 ha provocado y aumentado, ya que la exclusión se ha ensanchado, implicando a 1 de cada 4 personas de Andalucía, el 26,3%, algo más de 2,2 millones, que se encuentran en una situación de importante desventaja y lo que es más grave, las que están en peor situación, representan la mitad de esas personas: 1.100.000 y de estas 475.000 conforman la sociedad expulsada sobre las que se incrementan nuevas problemáticas, que no se compensarán.
Hay datos que nos muestran lo desigual de la situación, respecto al resto del país; la tasa de pobreza es superior y afecta en su versión más severa, a casi 1 millón de andaluces (11,6% Andalucía/9,5% España).
1 de cada 4 jóvenes menores de 30 años, están afectados por procesos de exclusión social que les impiden dibujar proyectos de vida. En los hogares con niños y adolescentes, prevalece situaciones de exclusión. El 36% frente al 20% de hogares sin menores
La crisis ha provocado un empeoramiento de las condiciones de trabajo y la precariedad en el empleo alcanza a 320.000 hogares (9,8%). Las barreras para que las personas desempleadas puedan acceder a un empleo, muestran una cronificación de la situación de desempleo.
En 200.000 familias el sustentador principal está en paro de larga duración, y en 500.000 familias existe desempleo total. Los ERTE no han servido para proteger a los más vulnerables.
La brecha digital, que afecta a 3 de cada 10 hogares (35%), alcanza casi a la mitad de los hogares en exclusión 47%. La brecha de género es de 15 puntos, hasta afectar al 37% de los hogares cuya sustentadora es una mujer, frente al 22% donde es un hombre.
Casi el 15% de los hogares sufren falta de acceso a medicamentos o tratamientos, por problemas económicos: 400.000 familias (12,4%), una vez pagada el alquiler o la hipoteca, quedan en situación de pobreza severa.
El 19% de los hogares han tenido que recortar los gastos de alimentación, ropa y calzado, que en el caso de los que sufren exclusión social se eleva al 59%.
La exclusión en los hogares de origen extranjero (72%), se multiplica por 3 respecto a los hogares españoles.
Cuando analizamos estos datos, escuchamos y vivimos historias de personas, por lo tanto, estos datos tienen carne y alma. Y es preocupante observar cómo condenamos a los jóvenes a la exclusión y con ellos, nos condenamos todos, hipotecándoles el futuro, que NO se recuperará de mayor.
Queremos ser una sociedad igualitaria, pero no aportamos datos que la favorezca. La desvinculación social y política, no solo ha empobrecido el refuerzo de valores cívicos, sino que muestran una merma de valores morales.
En esta crisis de la COVID-19, de nuevo, los más vulnerables sufren las peores consecuencias y las dificultades más grandes para mantenerse a flote tras el tsunami. Con la llegada de nuevas personas al espacio de la exclusión, también se ha dado un agravamiento y profundización de las situaciones más críticas. Lo que evidencia que los grandes damnificados por la COVID-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a las que no ha llegado la respuesta pública para de nuevo integrarlas. Y ahora la guerra.
* Francisco Domouso es Secretario General-Administrador de Caritas Regional de Andalucía.
