La empresa pública Comujesa ha sumado estos últimos días a su crisis interna un nuevo conflicto, motivado en esta ocasión por la decisión del Gobierno local de suspender temporalmente a su gerente como consecuencia de la investigación abierta a propósito de la división en varios contratos de las obras de las nuevas cocheras del transporte urbano.

La empresa acabó el pasado ejercicio con una deuda a proveedores de 2,1 millones de euros, lo que motivó que el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ya hablara de la necesidad de poner en marcha un Plan de Equilibrio Financiero.

El problema es que, de momento, en lugar de reducir costes se han firmado convenios con las plantillas que atienden varios servicios –transporte urbano o ayuda a domicilio, sin ir más lejos- que incrementan el gasto de personal en alrededor de dos millones de euros anuales.

Tanto es así que en el seno del propio Ayuntamiento ya hay quienes defienden incluso la idea de disolver la empresa, pasando a formar parte el personal –integrado por alrededor de 1.600 empleados- de la plantilla municipal, algo que ya ocurrió cuando se liquidó Jecomusa (Onda Jerez).

Mientras tanto, Espinar ha trasladado un mensaje de “tranquilidad absoluta” a los representantes de los trabajadores de la empresa pública Comujesa, a quienes ha garantizado que “el pago de las nóminas y la prestación de los servicios públicos siguen adelante” a la espera de que se resuelva este proceso de “interinidad”, una circunstancia que “no va a afectar” a ninguna de estas cuestiones.

Por lo demás, el teniente de alcaldesa ha eludido pronunciarse sobre la suspensión temporal del gerente “por prudencia” y porque está en marcha una “investigación interna”. “Cuando finalice esa investigación se podrán tomar decisiones”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, está a la espera de escuchar las “explicaciones” del Gobierno local en el consejo de administración de esta empresa pública, defendiendo la “presunción de inocencia” del gerente de la sociedad, a quien “hay que escuchar” para que también pueda exponer sus argumentos.

Díaz ha cuestionado incluso la existencia de una auditoría, ya que la que se licitó en su momento “ha quedado desierta”, recordando también que de los 21 contratos que podrían haber incurrido en algún tipo de irregularidad “13 fueron firmados por el PP”. “El PP tiene la habilidad de echarle la culpa a todo el mundo, pero 13 de esos 21 contratos se formalizaron ya durante su etapa de gobierno”, concluyó.