La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha firmado en estos últimos meses varios convenios colectivos claramente favorables a los intereses de los trabajadores con el principal objetivo de garantizarse la paz social durante su mandato.

Sin embargo, esos acuerdos están llenos de compromisos que van a dificultar aún más si cabe la gestión económica de un Ayuntamiento en bancarrota.

García-Pelayo ha eludido sistemáticamente cuantificar económicamente las mejoras comprometidas con los diferentes colectivos de trabajadores, llegando incluso a afirmar que eran “asumibles” para el Consistorio.

La información a la que ha tenido acceso este medio cuestiona esa primera impresión, toda vez que da por hecho que esos compromisos van a incrementar en algo más de 12,5 millones de euros el coste de personal, lo que sin duda puede convertirse en una pesada carga para las arcas municipales.

En Comujesa, el convenio suscrito con el personal del servicio de ayuda a domicilio –que carece de consignación presupuestaria- incrementa de entrada el coste en casi 1,5 millones de euros, sobresaliendo la partida de complementos, que es de 1,3 millones.

También carece de consignación presupuestaria el aumento del coste del personal que atiende el servicio de transporte urbano, que se estima en alrededor de 643.000 euros.

A todo ello hay que sumar que, con carácter general, debe aplicarse a todos los trabajadores, un incremento salarial del 2,5 por ciento contemplado en la Ley General de Presupuestos del Estado, que solo en Comujesa supondrá más de 800.000 euros de desembolso extraordinario para el Ayuntamiento.

La empresa municipal que atiende servicios públicos básicos incrementa por tanto su coste de personal en algo más de 2,9 millones de euros a pesar de haber cerrado el pasado ejercicio con pérdidas de 2,1 millones.

Claro que eso no es lo peor. El convenio suscrito con el personal laboral del Ayuntamiento, cuyos beneficios se extienden también a los funcionarios, va a suponer un sobrecoste próximo a los 9,6 millones de euros.

Ya antes del cierre del pasado ejercicio fue necesario aprobar modificaciones presupuestarias por importe de 4,7 millones de euros para hacer frente al sobrecoste que habían traído aparejadas una serie de medidas que no estaban inicialmente contempladas, como la implantación de un horario de verano especialmente generoso con el personal, además de gratificaciones de toda índole.

Pero hay más. El famoso ‘plus de asistencia’ que se recoge en el nuevo convenio va a suponer un desembolso anual de alrededor de 3,2 millones de euros. A ello hay que sumar otros 1,1 millones de euros como consecuencia del incremento salarial del 2,5% recogido en los Presupuestos Generales del Estado y otras partidas menores, como complementos y pluses por la prestación de servicios extraordinarios que importarán en su conjunto unos 600.000 euros.

Por tanto, la suma total aproximada del aumento del coste de la masa salarial va a rondar los 12,5 millones de euros, una cantidad a la que el Gobierno local ha eludido siempre hacer referencia cuando firmaba sus convenios con los representantes de los trabajadores beneficiados por su generosidad.