El diputado nacional del Partido Popular José Ignacio Landaluce ha mostrado su satisfacción por la decisión del juzgado de apelaciones estadounidense que ha vuelto a dar la razón a nuestro país en el denominado caso “Cisne Negro”, ratificando así la decisión adoptada en primera instancia por el juez de Tampa (Florida) Steven Merryday, que ya había instado a la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration a la devolución del tesoro recuperado del fondo de las profundidades en el año 2007 a su legítimo propietario, el Estado español.

A pesar de que la empresa ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Landaluce ha asegurado que solo es cuestión de tiempo el que las 594.000 monedas de oro y plata, valoradas en 500 millones de dólares, sean devueltas a nuestro país, de donde nunca debieron salir. En este sentido, el diputado popular ha felicitado a los servicios jurídicos del Estado por la defensa realizada en los tribunales de Estados Unidos, una presión que hemos venido reclamando desde el Partido Popular desde el primer momento.

Así las cosas, José Ignacio Landaluce ha recordado que Odyssey sigue con su actividad, y, habida cuenta del proceder de la empresa, ha instado al Gobierno de España a “permanecer vigilante” a la hora de velar por el patrimonio sumergido. En este punto, el responsable popular recordó la Proposición No de Ley aprobada en noviembre del año 2009 para “impulsar, respaldar y acelerar un Plan Anual de actuaciones sobre Arqueología Subacuática que facilite los recursos necesarios que permitan la protección y conservación de nuestro patrimonio arqueológico”, que también proponía impulsar convenios con las comunidades autónomas que permitan la adecuada protección del patrimonio, una propuesta que obtuvo el visto bueno de la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados y que tuvo su origen en la patente descoordinación existente en torno al caso “Cisne Negro”.

Ya entonces Landaluce reclamó actuaciones conjuntas para dotar a las administraciones de competencias para actuar habida cuenta de lo que él consideró como “una falta de voluntad política con suficiente inercia para aunar esfuerzos” por parte del ejecutivo central.

En esta misma línea recordó que algunas comunidades autónomas ya habían tomado la delantera al Gobierno en su interés por proteger el patrimonio sumergido y reclamó al Ministerio de Cultura la firma de acuerdos con la Armada y el Ministerio de Defensa para vigilar “sobre el terreno” el patrimonio sumergido español.

Por último, Landaluce ha recordado la parte de implicación de Gibraltar en este caso, habida cuenta de que la colonia británica dio cobijo en su día a los barcos de Odyssey con el tesoro a bordo, y que también colaboró con ésta permitiendo que la carga saliera vía aérea hacia su destino en Tampa (Florida) desde el aeropuerto gibraltareño. En junio de 2008 preguntamos al Ministerio de Cultura su valoración sobre la actuación de Gibraltar en este caso, como también preguntamos por qué el Gobierno no consideró necesario reclamar el tesoro en un primer momento, cuando el barco perteneciente a la empresa Odyssey se encontraba en aguas españolas, y esperó a que el buque zarpara de Gibraltar para iniciar las investigaciones, una vez que la carga había sido desembarcada y partido hacia Estados Unidos, preguntas que, tres años más tarde, siguen sin respuesta.