En lo que se refiere al encuentro de los trabajadores con Gonzálvez, el miembro de la Junta de Personal y de la plantilla, Alberto Caballero, afirmó que “el edil no nos ha dejado las cosas muy claras porque, por un lado, dice que el Ayuntamiento quiere pagar al Consorcio y que se van a reunir con ellos para intentar un posible reingreso, sin embargo, al mismo tiempo, están pensando en municipalizar el servicio”.
Por su parte, los trabajadores, según informa Caballero, mostraron su preocupación ante la posible municipalización del servicio. “Le hemos aconsejado al concejal que se piensen muy bien lo que van a hacer porque sería dar un paso atrás y más cuando se hace por temas políticos, el servicio de seguridad bajaría mucho en calidad puesto que la cobertura que da el Consorcio provincial de Bomberos nunca la podría ofrecer el municipio, y se presentaría un problema bastante gordo. La seguridad es muy costosa, tenemos vehículos y materiales que son muy caros, al igual que sus reparaciones”, manifestó el miembro de la Junta de Personal.
Asamblea
Tras dicho encuentro, los trabajadores celebraron una asamblea en la que se decidió solicitar una reunión al presidente del Consorcio para preguntarles en calidad de qué se encuentran actualmente en la ciudad. No obstante, el organismo deberá informar a los bomberos, en un plazo no superior a 24 horas, acerca de la fecha de la reunión solicitada.
Según explicó Caballero “para el Consorcio nosotros ya pertenecemos al municipio porque dicen que una vez que se expulsa al Consistorio ya pasamos a formar parte de la plantilla municipal, sin embargo, según la ley, los 29 trabajadores nos encontramos en comisión de servicio y estamos en el Ayuntamiento hasta que se llegue a un acuerdo entre el Consistorio y Consorcio, pero no nos pueden cambiar de una administración a otra de un día para otro”.
“Momentáneamente no se retira ningún medio material porque no pueden dejar a una ciudad indefensa. Deberían llegar a un acuerdo el Consorcio y el Ayuntamiento”, resaltó el miembro de la Junta de Personal de Bomberos.
Por otro lado, Alberto Caballero indicó que “dependiendo de lo que nos responda el Consorcio sobre si nos considera o no aún parte de la plantilla, iniciaremos o no movilizaciones, siendo afirmativo si el Consorcio no quiere asumir la situación e insisten en que ya somos del municipio. Si no nos considera parte de su plantilla realizaremos las acciones oportunas”.
Tornay califica la situación del servicio como “muy grave”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Miguel Tornay, muestra su preocupación por la nueva situación creada a raíz de la expulsión del Ayuntamiento del Consorcio. En este sentido, Tornay indica que “al final La Línea se ha quedado fuera, tal y como todo el mundo temía, por el reiterado incumplimiento en las obligaciones con el Consorcio. Ahora los linenses se preguntan como se va a afrontar el servicio desde el Ayuntamiento, porque esto plantea un panorama muy complicado desde el punto de vista económico, de personal y de medios materiales. La Ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer, ya sea de forma mancomunada o particular, de un servicio contra incendios dispuesto a intervenir ante cualquier emergencia, pero en el caso de ser un servicio municipal, este ha de cumplir con unos requisitos mínimos. Al asumir el Ayuntamiento el servicio se enfrenta a la obligación de cumplir con las exigencias legales establecidas, lo que significa que el número de bomberos necesarios para garantizar la seguridad de la ciudad supera los 70 efectivos. Es decir, el Ayuntamiento debe casi triplicar la cantidad de personas de las que ahora dispone al haber sido expulsado del Consorcio. Esto a su vez plantea un incremento notable en el gasto de personal que el Ayuntamiento no está en condiciones de asumir”.
