El Sindicato Unificado de Policía, a través de su Comisión Ejecutiva Provincial de Cádiz, hizo públicas este miércoles las estadísticas policiales de los primeros siete meses del presente año y su comparativa con el mismo periodo de 2012. Y hace públicas estas estadísticas a pesar de que, como explica el propio sindicato, éstas “se han convertido en un asunto de Estado para los responsables del Ministerio del Interior”.
De entre los datos facilitados destacan sobre el resto el aumento en un 157,14 por ciento de los homicidios y los asesinatos. En este sentido, hasta julio se cometieron 18 delitos de este tipo por los 7 que se cometieron en 2012 en el mismo periodo.
También han aumentado en un 25,85 por ciento los delitos de lesiones y en un 26,55 por ciento los robos con violencia.
Por otro lado, los robos de vehículos, los robos con fuerza en establecimientos y en viviendas han descendido. Concretamente, los robos con Fuerza en viviendas han bajado un 0,14 por ciento y en anexos a vivienda un 6,62 por ciento; Los robos con Fuerza en Establecimientos han bajado un 18,77 por ciento; mientras que la sustración de vehículos ha bajado un 24,57 por ciento y en interior de vehículos un 8,92 por ciento. En total los robos contra el patrimonio han bajado un 3,94 por ciento.
En términos globales y en el conjunto de la provincia los delitos y faltas han bajado un 5,24 por ciento.
En conclusión, hasta julio se han cometido en Cádiz y su provincia 9.130 delitos y 22.620 faltas.
Desde el citado sindicato quieren dejar claro que estos índices se podrían mejorar su las plantillas policiales estuvieran bien dotadas de medios materiales, al tiempo que denuncian “la falta de transparencia de la clase política del momento, que al igual que el anterior Ejecutivo, tan solo busca el total control de los mismos y su uso partidista, impidiendo cualquier tipo de supervisión y control por parte de los ciudadanos, partidos políticos de la oposición, sindicatos policiales, etc”.
Para el SUP, este comportamiento “es inadmisible en un Estado democrático, ya que los ciudadanos tienen derecho a una información veraz y contrastada, sobre el estado de la delincuencia en sus ciudades”, pero “lamentablemente, las instituciones, los ciudadanos, no pueden contrastar la veracidad de estos datos, viéndose sometidos al mismo trato de desinformación que en cualquier república bananera”, bajo la premisa de que “lo que dice el Estado es cierto, por decisión divina”.
