Ciudadanos De Cádiz, el proyecto político que representa en Jerez, Antonio Conde, asegura que la reforma de la Ley, con unos objetivos comprensibles "pero cuyo contenido se ha encargado de desvelar la verdadera naturaleza de la misma, pone en riesgo evidente al empleo público y a las empresas municipales, muy especialmente a las que ofrecen servicios en áreas como Servicios Sociales o Educación, además de Igualdad".
"Los recortes previstos por la nueva Ley superan los 3.400 millones de euros en el conjunto del territorio nacional, de los que más de 1.300 corresponderán a pérdida de empleo en las empresas públicas y por tanto una reducción en el número de prestaciones y servicios a las personas con mayor dificultad.
La gestión integrada y las fusiones de municipios prevén un nuevo recorte de casi 1.100 millones de euros, viéndose afectadas en la provincia poblaciones como La Barca, Estella, Guadalcacín, Nueva Jarilla, Facinas y otras, hasta un total de 10 en Cádiz y 42 en la comunidad autónoma de Andalucía", expone.
Para CdC esta Ley es un “ataque frontal a la autonomía local y pone en peligro la calidad de los servicios básicos”, asimismo, “da poder a las administraciones más opacas, las diputaciones, actualmente en manos del PP, creando redes de clientelismo político para el desarrollo de obras, servicios y actividades propias que hasta la fecha han ejercido los ayuntamientos”.
"A esta ley se han opuesto todas las fuerzas políticas e incluso las federaciones nacionales de vecinos, pero el Gobierno ha hecho caso omiso a las enmiendas y a las opiniones de todas las entidades sociales y políticas de este país y la ha sacado adelante ejerciendo el rodillo político que le da su mayoría en el Congreso y el Senado", critica.
En su opinión, los 8 mil millones de recortes en los próximos cinco años "traerán más desempleo en el sector público y pondrán en riesgo la estabilidad y la seguridad de miles de empleados que verán mermados sus derechos laborales con la entrada en vigor de la reforma laboral".
