Los grupos de la oposición van a solicitar a la alcaldesa, María José García-Pelayo, la convocatoria de un Pleno “monográfico” en el que se aborde la política de personal que está poniendo en práctica el Gobierno local. De este modo, PSOE, Foro Ciudadano e IU atienden una petición de un grupo de afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido en 2012 por el Consistorio.
La petición va a partir del hecho de que “desde que se aprobara el ERE municipal, tumbado por el TSJA por haberse realizado con criterios arbitrarios, se ha producido una cascada de irregularidades en materia de personal que están siendo enjuiciadas y condenadas sistemáticamente por la autoridad laboral”.
A pesar de todo, el colectivo de afectados por el ERE recuerda que “esos reveses judiciales no han modificado ni un ápice la estrategia del PP en su política de personal, que está basada en el amiguismo y en la compra de silencios cómplices y paz social al precio que sea”.
Según este colectivo, el Ayuntamiento abonó en noviembre “casi 280.000 euros en productividades, de los cuales más de 40.000 los repartió entre el personal de Alcaldía y otros 60.000 entre la Policía Local”. Así, y “a pesar de las reiteradas declaraciones de la alcaldesa respecto de reducir estos conceptos retributivos discrecionales, en 2013 se abonaron alrededor de 2,8 millones de euros en productividades”.
Esta circunstancia lleva a pensar al colectivo que “el ERE no tuvo una causa económica, ni fue un primer paso para otras actuaciones encaminadas a reducir la plantilla”, sino que trató de “perpetrar una auténtica purga entre los trabajadores”.
Decisiones cuestionadas
Los afectados por el ERE recuerdan que en los últimos meses el Ayuntamiento “ha sido condenado por el nombramiento ilegal del gerente de Emensa; por el nombramiento a dedo de 9 cargos directivos; y también por privar a trabajadores de derechos consolidados”. Además, recientemente ha sido condenado, esta vez como patrono de la Fundación Andrés de Ribera (FAR), por el despido improcedente de quien desempañaba la gerencia de la institución desde diciembre de 2006.
Por otra parte, “tiene pendientes hasta diez demandas más interpuestas por el Asociación de Técnicos Municipales (ATMJ), entre ellas las que afectan a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la aprobación del propio convenio colectivo.
Todos estos asuntos justifican la solicitud de la convocatoria de un Pleno que clarifique las medidas aplicadas por el Gobierno local en materia de personal, sobre todo teniendo en cuenta que “la contundente respuesta de la Justicia a las decisiones arbitrarias” adoptadas en estos últimos meses “no parece preocupar” a los ediles que integran el Ejecutivo.
Con el ojo puesto en las empresas
El colectivo de afectados por el ERE entiende que “la situación puede tensarse más si, como se viene anunciando, se produce un trasvase de personal de las empresas municipales al Consistorio sin que se respeten los cauces legales reglamentarios.
