La mayor parte de las iniciativas planteadas al Pleno por el equipo de Gobierno de Diputación se saldaron con el respaldo unánime de la Corporación provincial. Todos los grupos políticos validaron el Plan de Reactivación Profesional, incluido en el denominado Fondo de Cooperación Local y reconocido como nuevo Plan de Empleo. De hecho, y a diferencia de anteriores iniciativas, aportará financiación para contrataciones directas en 40 localidades de la provincia de Cádiz: 29 municipios de menos de 20.000 habitantes y 11 entidades locales autónomas.
El nuevo plan dispone de un presupuesto de 4´2 millones de euros. Sus directrices han sido expuestas por la responsable del área de Empleo, Ana Carrera, quien ha valorado su incidencia en los colectivos en riesgo de exclusión social como es el caso de los parados de larga duración o las familias con todos sus miembros en desempleo. Tras la validación por parte del Pleno, Diputación publicará la convocatoria del programa en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Tras dicha inserción se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que los Ayuntamientos presenten las memorias de sus proyectos.
Diputación asume la financiación del Plan de Empleo con fondos propios. La cuantía ya reservada, de 4´2 millones de euros, permitirá 1.035 contrataciones de dos meses de duración. Serán los Ayuntamientos los que formalicen dichos contratos, conforme a criterios objetivos, destinados al fortalecimiento de servicios públicos ya sea en actuaciones en infraestructuras o en la asistencia a la ciudadanía. Los candidatos contratados por cada Ayuntamiento procederán de una preselección previa del Servicio Andaluz de Empleo.
En el informe sometido al Pleno se especifica que el personal contratado percibirá una retribución no inferior a 1´5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni superior a dos veces el SMI. El SMI de 2015 se cifra en 648´60 euros mensuales, por lo que el rango estará entre los 972 y los 1.297 euros al mes. La distribución económica del Plan de Empleo está determinada por la población de cada municipio y la evolución interanual de su tasa de paro.
La presidenta de Diputación, Irene García, ha indicado que esta iniciativa no es la panacea “pero es el camino y el comienzo”, con contratos “que incorporan dignidad”. Ana Carrera también confirmó que en el seno del Fondo de Cooperación Local se articularán otras iniciativas para la creación de empleo, además de anticipar que los presupuestos del actual equipo de gobierno responderán a una nueva forma de entender la política en defensa de los Ayuntamientos y de las personas más vulnerables.
En el ámbito de la defensa del empleo también prosperó, por unanimidad, la propuesta para respaldar el manifiesto a favor del sector naval de la Bahía de Cádiz. Esta proposición fue planteada por el diputado provincial José María Román y ya ha sido suscrita por la presidenta de Diputación, la alcaldesa de San Fernando y los alcaldes de Cádiz, Puerto Real y Chiclana. Román defendió una iniciativa “que no está planteada para herir a nadie y que pretende el consenso para reactivar una industria indispensable para sacarnos del furgón de cola del empleo”. El manifiesto reclama un plan industrial, cobertura económica para fortalecer la investigación y desarrollo que propicien astilleros más competitivos así como programas de formación y rejuvenecimiento de las plantillas de Navantia.
Nuevo portal de gobierno abierto.-
El Pleno aprobó por unanimidad los acuerdos que permiten la entrada en servicio del nuevo portal de gobierno de Diputación: http://gobiernoabierto.dipucadiz.es/home. Elena Amaya, responsable de Sociedad de la Información, concretó las virtudes de una plataforma que ya cumple con los postulados de las leyes de transparencia estatal y autonómica, además de incluir los indicadores y estándares reconocidos internacionalmente.
Amaya defendió la herramienta no sólo por la oportunidad de publicar datos relevantes –concernientes, por ejemplo, al uso de los fondos públicos- sino por fomentar nuevos cauces de participación ciudadana. De hecho destacó que el portal nace con la vocación de ser el soporte y el asistente de las entidades públicas que así lo requieran en la difusión de sus datos.
Cultura: nuevo plan y apoyo a la Fundación Casa Medina-Sidonia.-
La presidenta de Diputación, Irene García, ya había expresado su respaldo a la unidad de gestión de la Fundación Casa Medina-Sidonia al objeto de evitar la dispersión de los bienes que componen este activo cultural: el Palacio de los Guzmanes y el archivo general. Esta defensa ha sido refrendada por el Pleno que, por unanimidad, ha acordado adherirse al manifiesto promovido por la plataforma ciudadana constituida en Sanlúcar para preservar este legado.
Esta propuesta fue defendida por el diputado de Cultura, Salvador Puerto, quien también ha intervenido en el Pleno para plantear la revisión del Plan Estratégico de Cultura. Puerto ha reconocido la existencia de programas del anterior equipo de gobierno que deben preservarse, como es el caso de Despensa de Recuerdos, y otros fallidos –a su parecer- como las Noches en Blanco. No obstante el vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura propugna la recuperación del consenso con los Ayuntamientos, a la hora de planificar y concertar las iniciativas culturales en cada municipio, restituyendo el programa Cooperación Cultural (COCU), “que fue una herramienta objetiva, puramente técnica, concebida para abrir la participación al máxima a favor de quienes están en primera línea de la gestión cultural”.
Esta revisión argumentada por Salvador Puerto salió adelante con los votos favorables de PSOE, IU, PA, Por Cádiz Sí Se Puede y Ganemos Jerez, y la abstención del PP.
Sectores esenciales y exención de tasas
El Pleno también ha aprobado dos novedades planteadas por el responsable del área de Función Pública y Recursos Humanos, Fran González: la declaración de servicios públicos esenciales de Diputación y la exención o bonificación en tasas por la expedición de certificados.
Fran González ha defendido que los servicios sociales comunitarios y especializados, los centros de drogodependencias, el mantenimiento de las infraestructuras ligadas a dichos servicios, así como la conservación de vías de la red provincial sean reconocidos como sectores prioritarios. Con ese estatus se propicia una mayor agilidad en la contratación de personal temporal –ante necesidades urgentes e inaplazables- en concordancia con la Ley 36/2014 reguladora de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y cuyos principios se mantendrán en el ejercicio de 2016.
Fran González motivó la propuesta en razones de agilidad administrativa, pero también en una convicción política: “Esta Diputación no puede mirar a otro lado y tiene que fortalecer servicios públicos que, a tenor de su labor ante la ciudadanía, no pueden sufrir merma alguna”. La propuesta fue aprobada con los votos afirmativos del PSOE, IU, PA, Por Cádiz Sí Se Puede y Ganemos Jerez. El PP votó en contra.
Sí fue secundada por unanimidad la iniciativa planteada para eximir a determinados colectivos del pago de la tasa por expedición de certificados por servicios prestados. Personas en desempleo, con minusvalía reconocida igual o superior al 33%, así como familias numerosas de categoría especial quedarán exentas del pago de esta cuota. Los certificados de elaboración inmediata cuestan de 2 a 3´50 euros (según si se trata de una primera emisión o sucesivas); los relativos a estudios previos oscilan entre los 6 y los 9 euros, mientras que la expedición de los denominados certificados históricos cuesta 25 euros. El Pleno, por tanto, validó los motivos expuestos por Fran González quien recordó que Diputación ya decidió, en el año 2009, reducir un 50% el coste de la tasa por derechos de examen para personas en desempleo, discapacitados o familias numerosas de categoría especial.
Vuelta a Famsi
Diputación retornará al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), donde confluyen Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades andaluzas. La adhesión a este organismo, promotor de proyectos de cooperación internacional, fue respaldada por PSOE, IU, PA, Por Cádiz Sí se Puede y Ganemos Jerez, registrando el único voto en contra del PP. La vuelta a FAMSI fue defendida por el vicepresidente primero de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix.
