El Gobierno municipal presentó ayer en la Mesa General de Negociación una propuesta de cuadro horario para el próximo año “que cumple la legislación vigente y el convenio por el que se rige actualmente la plantilla municipal”. La propuesta fue rechazada por los sindicatos mayoritarios, SIP y CGT, que presentaron alternativas que no fueron debatidas al considerar el Gobierno que incumplían la legislación.
Así, esas propuestas contemplaban un cómputo anual de horas muy por debajo de lo que establece la ley para los empleados públicos.
En concreto, la propuesta presentada por el SIP recogía que desde el 1 de junio al 30 de septiembre los trabajadores  municipales trabajaran sólo 5.30 horas diarias. De esta propuesta se desmarcó CGT, que presentó una propia que elevaba el cómputo de horas hasta las 6.30 diarias. La primera propuesta contemplaba entrar a las 08.00 y salir a las 13.30 horas; mientras que la segunda defendía entrar a las 08.00 y salir a las 14.00 horas durante cuatro meses al año.
El Gobierno considera que si se llevara a cabo este cómputo horario supondría una importante merma de la calidad de los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento.
Asimismo supondría que, para poder prestar esos servicios de calidad, los trabajadores municipales tendrían que recurrir a realizar horas extraordinarias y compras de libranzas lo que implicaría un importante incremento de los gastos de Personal, cuando por ley tienen que reducirse un 5 por ciento.
La propuesta municipal rechazada por los sindicatos mayoritarios “cumple el Real Decreto de 18 de septiembre vigente así como el convenio municipal aún en vigor y aprobado por las centrales sindicales, recogiendo tanto los periodos vacacionales como los asuntos propios establecidos por ley para los empleados públicos”.
Por su parte, el SIP entiende que la propuesta que finalmente presentó conjuntamente con CGT cumple con la legalidad y lamentó que el Gobierno cuestionara este hecho aportando un informe jurídico “sin fecha y sin firma”.
El sindicato critica la “actitud déspota y dictatorial” de la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, al impedir que se votara esta propuesta y “vetando” en el turno de palabra a estas organizaciones sindicales.
El SIP considera “graves” estos hechos, que “no tienen precedentes” en el Ayuntamiento.