La ampliación a 3.661 plazas de la Zona ORA que fue aprobada por el gobierno del Partido Popular ha entrado hoy en vigor. Romper el contrato firmado por el Gobierno de García-Pelayo tendría un coste para el Ayuntamiento de entre 5.5 a 8 millones de euros.
En este sentido, el Gobierno local recuerda que el Gobierno popular adjudicó a la empresa concesionaria 'Setex-Aparki' la explotación de la Zona ORA en 2014, como se puede comprobar en el pliego de contratación cuyo enlace se adjunta al final de este comunicado.
De esta manera, el actual Gobierno local se ha visto obligado a ejecutar esta ampliación ya que “romper ese contrato administrativo firmado por el PP tendría, al menos y en una estimación a la baja, un coste de 5.5 millones de euros, cifra que muy probablemente ascendería a 8 millones”.
El desglose de este coste mínimo de 5.5 millones de euros que supondría no haber ejecutado esta ampliación del ORA es el siguiente: 4.2 millones de euros de devolución del canon; 1.1 millones de euros de 'lucro cesante' y 200.000 euros de daños y perjuicios equivalentes, como mínimo, a la inversión realizada por la empresa adjudicataria. Fuentes municipales apuntan que este desglose podría haberse incrementado con otros conceptos hasta llegar a la cifra de 8 millones de euros.
El Gobierno local recuerda que “por responsabilidad institucional ha sido imposible romper este contrato que firmó García-Pelayo, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar estos costes máxima si tenemos en cuenta que estamos inmersos en un Plan de Ajuste y fiscalizados por el Ministerio de Hacienda”.
Además, el Gobierno local explica que “los 4.2 millones de euros del canon del ORA ya se lo gastaron antes de las elecciones municipales de 2015. Por tanto, romper el contrato que firmó García-Pelayo supondría, no sólo un quebranto económico inasumible para el Ayuntamiento, sino que además tendríamos que utilizar el dinero de partidas que no se pueden recortar, como son los gastos sociales. Y no vamos a recortar ni un sólo céntimo de euro en ayudas sociales, ni en el pago de ayudas a la vivienda o del recibo de la luz, ni en inversiones que realmente son necesarias. El PP y María José García-Pelayo metieron a la ciudad en este problema del ORA y ellos deben dar explicaciones a la ciudadanía”.